Las tres causas

Desvío de fondos y obras abonadas pero inexistentes

Microcréditos, obras cloacales en Peruzzotti y una inversión millonaria que ni fue en Monterrey.
lunes, 5 de julio de 2021 · 13:10

• Causa Microcréditos. Se investiga el supuesto desvío de fondos nacionales destinados a créditos blandos de hasta $24.000 para que familias de bajos recursos pudieran refaccionar sus hogares y acceder a servicios básicos de infraestructura como agua potable, cloacas, gas y electricidad. La justicia investiga por qué no siempre llegaron a sus destinatarios y porqué los beneficiarios recibían hasta un 20% menos de lo que pactaban. El 90% de los beneficios se entregó entre las PASO y las Generales de 2019, por lo que se cree que se les dio un uso electoralista.

El presupuesto destinado por la Nación fue de 300 millones de pesos de los cuales hasta mayo de 2019 se habían enviado 285. El fiscal federal Sergio Bringas solicitó la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en casos de corrupción, para analizar los contratos investigados. Este organismo judicial cuestionó el modo en que se hizo la entrega de fondos por parte del Estado nacional porque fueron realizadas sin las correspondientes comprobaciones de avance de obra y sus respectivas rendiciones de cuentas tal como establecía el convenio. También cuestionó que el Municipio hubiera puesto intermediarios –una empresa de gas, una organización local y un fideicomiso provincial- para ejecutar el convenio, de manera que se derivara dinero destinado a los vecinos.

La fiscalía que encabeza Sergio Rodríguez señaló que “lejos de efectuar una correcta distribución de los recursos que les fueron girados desde las arcas nacionales, los funcionarios municipales discrecionalmente, fueron generando gastos y costos que conllevaron la distracción de fuertes sumas de dinero destinada a los ciudadanos del Municipio de Pilar, en manos de empresas ya sea de gas o conformadas por el Municipio, o bien programas provinciales que de ninguna manera ameritaban a la percepción de partes de los recursos acordados para las mejoras de las viviendas”.

• Causa Peruzzotti: Al ex intendente se lo acusa de “malversación de caudales públicos”. Se denunció la falta de instalación de una planta de tratamiento cloacal, financiada mediante un convenio con Nación por un total de $15 millones. El convenio contemplaba la construcción y ampliación de la red cloacal y del emplazamiento de una planta depuradora y una estación de bombeo en ese barrio. La obra fue adjudicada a la firma Tordel S.A. Sin embargo, la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio no fue construida pero sí certificada y cobrada por la empresa adjudicataria, quien se alzó con la suma de $14.135.30,93. Respecto de ese convenio el fiscal Rodríguez aseguró: “que el Estado Nacional pagó por obras que no se hicieron” e “incluyeron sobreprecios”.

• Causa Monterrey: similar a la anterior, por irregularidades en la ejecución de obras financiadas por Nación (igual que en Peruzzotti), pero en este caso por $145 millones. 

El proyecto tenía como objeto urbanizar y mejorar el barrio Monterrey de Derqui. Se propuso renovar un corredor central del barrio, proveer agua corriente y cloacas, construir plazas y adecuar veredas. La obra sería financiada con fondos nacionales: se destinarían $145.733.567. La PIA cuestionó el modo en que se realizó la licitación que le otorgó el contrato a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por las firmas Vialme S.A., Servicios y Gestión S.A. y Alpin S.A. Según se desprende del dictamen de Rodríguez, algunas de las obras comprometidas no se terminaron en tiempo y forma. También se puso de manifiesto que hubo incumplimientos en la metodología de rendición de cuentas prevista. En octubre de 2019, meses antes del cambio de gobierno y tres años después de iniciado el convenio, desde la secretaría de Infraestructura Urbana del ministerio nacional se intimó a Pilar a que rindiera cuentas pendientes.

El fiscal federal de Campana Sebastián Bringa, solicitó la colaboración de la PIA. En el informe de ese organismo judicial se hallaron irregularidades similares: obras pagadas y sin finalizar, incumplimiento de plazos, falencias en la rendición de cuentas, problemas de las empresas adjudicatarias de los contratos y falta de control por parte del ministerio nacional.

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Comentarios

5/7/2021 | 19:18
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Juntos por el cambio . . .