LOS TRABAJOS ESTÁN EN MARCHA

Ambientalistas van a la Corte contra las obras del río Luján

Solicitan una medida cautelar que detenga los trabajos iniciados por la provincia. Aseguran que atentan contera el medio ambiente y que empeorarán las futuras inundaciones.
jueves, 27 de mayo de 2021 · 17:35

La organización Ambientalistas Autoconvocados de Pilar presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la intención de que se detengan las obras de saneamiento del río Luján que está llevado a cabo la provincia de Buenos Aires. 

De a acuerdo con la presentación, el inicio de los trabajos viola la ley General del Ambiente además de entrañar peligros para la zona.

Según describen en un comunicado difundido en las redes sociales, “la destrucción ilegal en el río ya llegó al margen de enfrente de la Reserva del Pilar”, donde “deforestaron y destruyeron los meandros (curvas naturales del río), las cuevas, madrigueras, y nidos de cientos de animales, entre 3 y 4 kilómetros sobre el margen oeste del río sumado a otros 3/4 kilómetros del margen opuesto en la zona del Barrio Luccheti, Manzanares”.

El abogado Cristian Hernán Fernández se presentó a la Justicia en representación de la ONG pilarense, acompañada por organizaciones y vecinos de la cuenca.

La presentación fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que solicitan “una medida cautelar de carácter urgente para frenar y suspender las obras ilegales hasta tanto no se convoque a una audiencia pública dónde se brinde a la población la real, efectiva, legal, democrática e imprescindible instancia de participación ciudadana donde podamos esgrimir legítima y legalmente nuestras razones por las que nos oponemos a estas obras que tanto daño hacen al río, a la tierra, a la población y a la Democracia”.

“La medida cautelar pondera e invita al cumplimiento de la legalidad y los procesos democráticos que exige este siglo, y que establecen diferentes leyes nacionales, y acuerdos internacionales, como la Constitución Nacional en su artículo N° 41, la Ley General de Ambiente, el Acuerdo de Escazú, y otros”, explican.

Y aunque el máximo tribunal no tiene plazo para expedirse, los demandantes confiaron “en que la justicia se expedirá con celeridad debido a la urgencia y la flagrancia de la y la ilegalidad” e las obras.
 

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