La diputada nacional Adriana Cáceres (PRO-Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley por el cual propone sancionar con la suspensión de la personería jurídica por el término de cinco años, a las organizaciones sociales que promuevan la toma de tierras y vedarles por diez años el acceso a los planes sociales. La iniciativa prevé estas sanciones cuando alguno de los integrantes de la cúpula de las organizaciones sociales sea condenado por toma de tierras.
“Creemos que hay que ser ejemplares con las penas sobre la propiedad privada, derecho fundamental y estipulado en la Constitución Nacional. Es por eso que pedimos que se sancione con suspensión por 5 años de personería jurídica y por 10 años la posibilidad de acceder a programas públicos ejecutados por cualquier nivel del Estado”, explicó la autora del proyecto y vecina de Presidente Derqui a través de un comunicado.
La legisladora por la provincia de Buenos Aires evaluó que “no se puede avalar desde el Estado ningún tipo de delito” y agregó que “si un dirigente social utiliza su lugar para coordinar y participar de una toma, la organización a la que representa deberá tener las sanciones que corresponda” porque “es inadmisible que se haga política y se saque ventaja con las necesidades de los más vulnerables”.