Por 120 millones de pesos

La justicia detectó graves irregularidades en una obra que compromete a Ducoté

Se trata del plan de urbanización del barrio Monterrey. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Nación determinó que se fraguaron las certificaciones de obra que se pagó, pero nunca avanzó, y que hubo fallas en los controles del Ministerio del Interior.
lunes, 2 de noviembre de 2020 · 12:53

Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Nación, (PIA) afirma que se detectaron irregularidades en el proyecto de urbanización del barrio Monterrey, anunciado e iniciado durante la intendencia de Nicolás Ducoté.

En este sentido (tal como pudo confirmar El Diario a través de fuentes judiciales), el organismo denuncia que se fraguaron certificaciones de obra, además de señalar graves fallas en los controles por parte de las autoridades nacionales encargadas de realizarlos.

La denuncia fue realizada a fines de mayo de 2019 por el Frente de Todos cuando Ducoté aún era jefe comunal, y llegó a la Justicia Federal de Campana por supuesto desvío de fondos nacionales destinados a obras públicas: se trata del plan de Hábitat para el barrio Monterrey, de Presidente Derqui. El presupuesto original era de $145.733 millones, aunque de acuerdo a la denuncia el Municipio habría pagado al menos $87,4 millones a las firmas que ganaron la licitación, por más que las obras no se realizaron.

El mes pasado, la causa pasó del fuero federal a la justicia provincial, pero al estar involucrados funcionarios nacionales, podría regresar a su juzgado original (ver más adelante).

Entre los varios trabajos pendientes se encuentran asfaltos, plazas, un corredor aeróbico, un centro cultural y la instalación de una planta cloacal. Las obras debían arrancar 30 días después del primer desembolso por parte del Estado nacional y tenían un plazo máximo de 12 meses, pero los tiempos estimados nunca se cumplieron. Incluso, en el expediente administrativo se indica que las obras comenzaron en marzo de 2017, cinco días después que el ex intendente adjudicara la licitación y dos meses antes de que se firmara el contrato.

El convenio y los pagos fueron analizados a pedido del fiscal federal de Campana Sebastián Bringas. Entre las irregularidades también se detalla el proceso de selección de la UTE que formaron las firmas Vialme SA, Servicios y Gestión SA y Alpin SA, ya que no se habría presentado la correspondiente constancia de inscripción de Proveedores de la firma Alpin; así como no se comunicó sobre la licitación a todas las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del Municipio.

El informe de la PIA al que tuvo acceso El Diario señala que “lo descripto hasta el momento corrobora la mendacidad de las certificaciones de obras efectuadas a los fines de seguir obteniendo fondos provenientes del Estado Nacional”, puesto que para obtener un nuevo desembolso debía rendirse el dinero recibido con anterioridad. Pero las groseras diferencias advertidas no pudieron darse solamente con las mendaces declaraciones de la adjudicataria y el Municipio que rendía esos ítems, sino por la falta de control del órgano nacional que de ninguna manera ejerció su obligación de contralor.

El análisis de la PIA acredita “la falsedad en la certificación de obras a los fines de obtener dinero por parte del Estado Nacional, por parte del Municipio y la empresa contratada, con anuencia de la falta de control por parte del primero”.

A su vez, a mediados de 2019, con la denuncia ya en marcha, la Policía Federal realizó una inspección de todo el barrio Monterrey a pedido de la Justicia, donde constató las varias obras sin terminar.

Además de los funcionarios nacionales y del ex intendente Ducoté, el informe judicial incluye en la cadena de responsabilidades a varios ex funcionarios de Pilar, entre ellos, al entonces secretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias, considerando que “no solo intervino en el proceso licitatorio que seleccionó a UTE ganadora… sino también en la ejecución de la obra”. “Su participación -  agrega el informe- se verificó en la firma de los certificados de avance de obra N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 y 17. También intervino en la Orden de Compra a fs. 7 N° 2019-002017152698 concepto por CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO, obrante también a fs. 8 en Alta Provisoria de Bienes Físicos”.

Controles
La causa también incluye la actuación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (a cargo de Sergio Rodríguez), organismo que cuestiona la falta de control por parte de los funcionarios nacionales, más específicamente de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Nación, a cargo de Rogelio Frigerio, desidia que “no sólo se centra en la rendición de fondos”, ya que “tampoco se hicieron valer las obligaciones de cumplir con los plazos, por cuanto el convenio específico establecía el plazo de 12 meses”.

En agosto del año pasado, con todos los plazos vencidos y gran cantidad de obras pendientes, el convenio original se terminó modificando mediante una adenda, por lo que el monto total se redujo a $123.873.531. Para la PIA, el Municipio tendría que haber rescindido el contrato en lugar de firmar ese complemento cuando aún había trabajos inconclusos.

El expediente judicial señala que pocos días antes del final de la gestión de Ducoté, el 4 diciembre de 2019, el Gobierno nacional intimó a la Comuna para que retome la obra y presente un nuevo plan de trabajo, algo que no ocurrió.

“Como quedó acreditado del estudio de los distintos convenios –indica la PIA-, tales transferencias dinerarias fueron aprovechadas a los fines de generar beneficios indebidos con el consecuente desfalco a las arcas del Estado Nacional”. Debido a que la Procuraduría apunta no solo al Municipio, sino también a organismos nacionales, el expediente podría regresar al fuero federal.

Uno de los tramos más duros del expediente de 60 fojas señala que “so pretexto de apaliar necesidades básicas de la población, funcionarios de nivel nacional como municipal junto con empresarios pusieron en marcha todo un aparato administrativo y burocrático a los fines de obtener un beneficio indebido del patrimonio estatal. Las dos características que claramente se han verificado en esta encuesta fueron la sobre certificación y la redistribución de fondos a los fines de percibir pagos tratando de evitar la identificación de las imputaciones erogadas, pero no realizadas. Todo ello, coadyuvado por la simulación de un control que fue claramente omitido, a los fines de poder continuar con el plan espurio. Todo ello, en función de una misma estrategia”.

El Diario intentó comunicarse con Ducoté para hablar sobre el informe judicial que lo compromete pero hasta el momento no recibió respuesta. 

 

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Comentarios

3/11/2020 | 12:35
#2
Gran desilusión para los vecinos de Monterrey que casi ni participaron del presupuesto participativo en 2016 por la promesa de las obras para su barrio que se pagaron pero no se realizaron. Es muy grave la desidia con la que se manejan dineros públicos que con mucho esfuerzo pagan los vecinos. Lamentablemente se repiten los casos desde un bando y del otro. Siempre pierde el pueblo.
3/11/2020 | 07:35
#1
Estos SI que se afanaron todo, porque aparte de tener este mismo sistema corrupto en todas sus obras, los mismos funcionarios son dueños de las empresas constructoras. Agarran plata a mansalva!! El dia que nuestro pais tenga un sistema judicial que funcione.... pero no creo que eso ocurra nunca.
2/11/2020 | 14:19
#0
Pero de aquí a que la justicia haga algo, si con cuadernos ,confesiones de ambas partes, hoteles, empresas, casinos e hipódromos, autos espectaculares, etc, etc, etc............................... Ni hablar de monumentos a corruptos repatriados.