Luego que el Municipio y el Gobierno nacional anunciaran que se dará marcha atrás con la entrega de 16 hectáreas de tierras del Instituto Carlos Pellegrini a la Unión Argentina de Rugby, dos entidades salieron a advertir que, más allá de las declaraciones, las resoluciones “siguen vigentes”.
Se trata del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que conduce el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y la Organización de Ambientalistas Autoconvocados de Pilar que, esta semana, lograron una acción de amparo judicial que suspende las decisiones del gobierno, pero que no las anula definitivamente. “A raíz de la movilización de la comunidad pilarense y la sociedad en su conjunto, se pudo lograr que las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y de la Unión Argentina de Rugby (UAR) reflexionen y expresen su intención de suspender el convenio suscripto entre ellos”, señalan las entidades en un comunicado.
Pero advierten que “a pesar de lo difundido públicamente a través de los medios de comunicación locales, esto no se ha expresado en el marco jurídico. Por lo tanto, las circunstancias que dieron inicio a las acciones preventivas de daño ambiental no han variado jurídicamente. En ese sentido sigue vigente el permiso de uso precario a título gratuito hacia la UAR”.
Por eso, señala que las acciones judiciales presentadas por las dos organizaciones “fueron realizadas con la finalidad de proteger el ambiente y no permitir que se le modifique el destino que tiene el Instituto Carlos Pellegrini y como consecuencia de ello se deje sin efecto la futura venta de los terrenos que fueron desmontados”. Y agrega “que los daños ambientales producidos deberán ser remediados”.
“Esperamos que la Justicia de respuesta a los planteos y que las autoridades nacionales y municipales, cumplan con sus expresiones de buena voluntad, a través del dictado de la correspondiente normativa que anule el Convenio vigente entre la AABE y la UAR”, señalaron.
Temen que siga en marcha la entrega de tierras del Pellegrini
Desde el Serpaj y Ambientalistas Auoconvocados sostienen que el freno fue solo de palabra. Piden acción de la Justicia.