La posibilidad de que la Unión Argentina de Rugby (UAR) se quede con parte de las tierras del Pellegrini, parece definitivamente terminada. Luego que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) decidiera suspender la cesión provisoria de 16 hectáreas, la Justicia decidió dejar sin efecto el decreto del presidente Mauricio Macri que autorizaba al organismo a vender ese predio.
La medida seguía vigente ayer, por lo que persistían las dudas respecto al futuro del predio.
Por la tarde se dio a conocer la cautelar firmada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que dio por tierra con el decreto 518/2019.
El texto ahora suspendido es el que autorizaba a enajenar siete inmuebles del dominio del estado nacional, incluyendo las 16 hectáreas del Pellegrini. Según indica, dichos predios y edificios “no resultan adecuados para cubrir alguna necesidad actual de la administración pública nacional, no hallándose tampoco comprendidos en proyectos u obras a desarrollarse en el ámbito de dicha administración”.
La parcela que había sido puesta a la venta tiene una superficie de 159.676 m2, cerca de 16 hectáreas. Representa poco más del 22% del total las 70 hectáreas del terreno.
El recurso judicial que dio lugar a la medida cautelar fue interpuesto por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados de Pilar.
La entidad había alertado sobre la tala de árboles en el predio que, se supo luego, había sido cedido a la UAR. La Justicia también suspendió ese traspaso gratuito y precario que, según explicó la entidad, era el paso previo a la venta de la tierra.
Por eso, el juzgado suspendió también las “demás normas dictadas en consecuencia y con relación al inmueble objeto de autos, como así también respecto de la ejecución de todo proyecto derivado de la firma conjunta”, suscripto por la UAR y la AABE, “en virtud del cual se ha permitido el uso precario y gratuito a la Unión Argentina de Rugby del inmueble propiedad del Estado Nacional”.
Agrega, además, que “la medida interina tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar”. Para eso, requiere al Estado Nacional y a la AABE “el informe previsto por el artículo 4 de la ley 26.854, el cual deberá ser contestado en el plazo de tres (3) días de notificados”.
Hasta que se dicte sentencia, además, quedan prohibidos en el lugar “construcciones, desmontes, talas, movimientos de suelo, compactación de tierra, incineración de árboles, construcción de calles consolidadas y cualquier otra actividad que implica la modificación y/o afectación de la biodiversidad, flora y fauna”.
