El conflicto desatado por la intención del Gobierno nacional de ceder parte del predio del Instituto Carlos Pellegrini a la Unión Argentina de Rugby (UAR) perece lejos de haber quedado atrás.
Aunque funcionarios locales, nacionales y de la propia UAR manifestaron públicamente haber desistido de la entrega, desde las ONG que más se opusieron, temen que la intención siga en marcha.
Es que tanto el Municipio como la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), apelaron a la medida judicial que impedía disponer de terreno hasta tanto se resuelva una denuncia judicial que busca proteger el patrimonio ambiental y cultural de los pilarenses.
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) -la organización de derechos Humanos que conduce el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel- y la Organización de Ambientalistas Autoconvocados alertaron sobre la situación a través de un comunicado respecto a las causas judiciales que tramitan por ante el Juzgado Federal de Campana.
“En días pasados, el Municipio de Pilar se ha presentado al juicio que está en trámite y ha rechazado la medida cautelar ordenada por el Juez Federal (Adrián González Charvay), apelando dicha medida, y el Gobierno Nacional a través de la AABE también se ha presentado solicitando la revocación de la cautelar, la que favorece el reclamo de la comunidad”.
De acuerdo a lo advertido por las organizaciones, “ninguno de los fundamentos esgrimidos tiene en cuenta los presupuestos mínimos de protección ambiental y cultural que están en juego en este caso, por esto seguimos reclamando que se anule la autorización de venta y el convenio con la UAR”.
En su momento, un decreto del Gobierno nacional autorizó al AABE a vender parte del predio, mientas que ese organismo inició una sesión gratuita a la UAR para levantar ahí un centro nacional de rugby.
Tras el escándalo por el descubrimiento de la maniobra, el gobierno manifestó que daría marcha atrás. Aunque en realidad, nunca se dieron conocer decretos o resoluciones que lo sustenten jurídicamte.
“La acción del intendente (Nicolás Ducoté) no era más que una manifestación voluntarista, que no estaba expresada en el marco jurídico, siguiendo vigente el permiso de uso precario a la UAR y autorización de venta de parte del predio del Pellegrini”, advirtieron desde las ONG.
“Hoy se vuelve a repetir ese accionar por parte del Intendente Ducoté, ya que si bien públicamente expresa una voluntad de resolver el conflicto social en torno al predio del Pellegrini, en la realidad jurídica, la que existe en los expedientes, el intendente y el Gobierno Nacional se oponen al legítimo reclamo de la comunidad”, agregaron.
A la vez, exhortaron a las “autoridades nacionales y municipales a dar cumplimiento con lo dispuesto por el Juez Federal de Campana como una manifestación expresa de voluntad para lograr una verdadera solución de este conflicto, en defensa del Patrimonio Cultural y Natural del predio del Instituto Carlos Pellegrini”.
