En las últimas horas, el Municipio recibió una carta documento del Ministerio del Interior de la Nación, exigiéndole documentación fehaciente sobre la entrega de microcréditos por $75 millones.
Se trata de uno de los temas que llegó a la justicia y por el cual se produjeron más de 20 allanamientos, en lo que se conoce como “causa microcréditos”. La Justicia Federal investiga el posible desvío de esos fondos para la compra de votos durante la campaña.
El escrito lleva la firma del Director Nacional de gestión Operativa de Proyectos Habitacionales de la Secretaría de Vivienda de la Nación, Agustín Baldo. Señala que “en el marco del acuerdo Microcréditos-Mejoras edilicias de viviendas y acceso a los servicios públicos fin de rechazar las facturas presentadas, en soporte magnético con fecha 29 de noviembre (…) las mismas no se encuentran conformadas por autoridad competente de vuestra intendencia”.
Al mismo tiempo, la carta remarca: “del análisis efectuado, sobre las rendiciones presentadas, le hago saber que se ha verificado que existe una diferencia que asciende a la suma de $74.197.960,43, que se deberán rendir conforme a los términos del convenio mencionado”.
Mientras que deja bien en claro que de no hacerlo el Municipio “deberá devolver los fondos no rendidos según el procedimiento (…)” e incluso señala que de no hacerlo, pasara a judicializarse.
Consultados por El Diario, desde el Ejecutivo saliente aseguraron que “no hay errores en la presentación y todo fue rendido según lo establecido en el convenio”, mientras que aseguraron que “la carta fue respondida en tiempo y forma y todo está aclarado”.
Habrá que esperar para conocer cuál es la realidad, qué pasó con esos fondos y cómo se rindieron ante las autoridades nacionales competentes.
