Sigue la polémica

Pese al fallo judicial, el gobierno insistirá con los programas cuestionados

La Justicia prohibió la entrega de subsidios durante en la campaña. Es por la sospecha de uso electoral. Martignone anunció que apelarán y cuestionó la denuncia de la oposición.

Pese al fallo judicial, el gobierno insistirá con los programas cuestionados

RESPUESTA. Martignone adelantó que la idea es seguir adelante con los programas.

El jefe de Gabinete municipal, Juan Pablo Martignone, adelantó que el Municipio apelará la resolución judicial que le impide al gobierno del intendente Nicolás Ducoté destinar recursos a la puesta en marcha de cinco programas sociales.

La medida fue adoptada por la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría, que hizo lugar a una denuncia del Frente de Todos ante la sospecha acerca del uso electoral de esos recursos. Sobre todo, a partir de la filtración de un audio en el que Ducoté y Martignone explican cómo esos programas se usarían para conseguir votos en sectores vulnerables y, de paso, pagar punteros y autos el día de la elección. 

En diálogo con El Diario, Martignone reconoció que fueron notificados de la resolución el mismo martes, y que ahora están tratando de tener vista del expediente completo.

“Habría argumentos para apelar. Entendemos que esto es una política de estado y no tiene sentido suspenderla sin plazo por una presunto irregularidad electoral”, dijo. Sobre todo, atento a que en tres semanas terminará la campaña y se celebrarán las elecciones, por lo que, dijo, el riesgo electoral caducaría.

“Como en otras causas que impulsó la oposición en las últimas semanas, lo que subyace es un intento de frenar la gestión, como ya hicieron con el asfalto, las plantas cloacales, las obras en Monterrey. Cosas que la gente necesita y que la gestión Ducoté vino haciendo”, contraatacó Martignone.

A la vez, manifestó la voluntad del gobierno de seguir adelante con los cinco programas congelados judicialmente, que prevén subsidios para jubilados, estudiantes, familias con hijos menores, personas con discapacidad y desocupados.

“Vamos a seguir con los programas porque no tienen que ver con una cuestión electoral sino con reconocer que hay una situación social que requiere atención del estado”, dijo.

De todos modos, señaló que “los procesos y las formas (en las que se van a aplicar) se tienen que definir porque requieren trabajo legal y administrativo complejo. Lo judicial es una dificultad más pero no tengo dudas que la cuestión se resuelve”.

 

 

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