SUBSIDIOS

La Justicia paraliza los polémicos programas sociales del Municipio

Lo determinó la jueza Servini de Cubría. El fallo apunta al intendente Ducoté y al jefe de Gabinete Martignone. Es por una denuncia sobre el uso electoral de fondos públicos.

La Justicia paraliza los polémicos programas sociales del Municipio

FALLO. La resolución de Servini apunta a Ducoté y Martignone.

por Diego Schejtman
d.schejtman@pilaradiario.com


La jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría dictó ayer una resolución que prohíbe al gobierno municipal del intendente Nicolás Ducoté poner en marcha una serie de planes sociales que contemplan la entrega de subsidios.
Además de Ducoté, la orden de restricción judicial apunta contra el jefe de Gabinete, Juan Pablo Martignone. A ambos les ordena “que se abstengan de disponer fondos de la tesorería del municipio (…) para el cumplimiento de los programas establecidos” en una serie de decretos firmados por ambos funcionarios, señala Servini de Cubría.
La medida fue tomada a partir de una denuncia presentada por el Frente de Todos, ante la sospecha de que esos programas serían utilizados para promover la captación del voto al oficialismo entre los sectores más vulnerables.
La resolución se adoptó días después de la filtración de un audio donde, en el marco de una reunión de campaña con militantes y funcionarios, Ducoté y Martignone explican los mecanismos para usar fondos municipales en la campaña, tanto para la adhesión de posible votantes como para el pago de punteros.
Para la jueza, los programas sociales en marcha podrían “redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos más postergados del Municipio, en razón de que podría atentar contra su derecho a elegir libremente”.

Denuncia
La denuncia fue presentada por el apoderado del Frente de Todos, Guido Bordachar, quien hace referencia a ofrecimientos de bienes y dinero -en forma de microcréditos- “a cambio de seguir a Ducoté o directamente a cambio de votar por el actual intendente”.
La denuncia es anterior a la filtración del audio en el que Ducoté y Martignone explican el método con precisión administrativa. En cambio, Bordachar aportó otros audios. Entre ellos, mensajes en los que “una mujer llamada Giselle ofrecería colchones, frazadas, materiales de construcción, registros de conducir y todo tipo de ayuda” así como “la posibilidad de obtener microcréditos”. Justamente por esa última situación tramita una causa en el juzgado federal de Campana, por la que ya se realizaron unos 25 allanamientos en oficinas municipales, donde se incautó documentación, computadoras y hasta el teléfono celular de un funcionario.
La nueva denuncia hace especial hincapié en los decretos mediante los que se crearon cinco programas sociales. Son los planes de asistencia directa a estudiantes, desempleados, personas con discapacidad, adultos mayores y niños escolarizados. Los planes implican subsidios de entre $3.000 y $5.000 con varias entregas al año. 
Para Servini de Cubría, esos planes tienen el “presunto objeto de condicionar a los electores del partido, a través de ayuda social legalmente dispuesta, toda vez que esta se otorgaría a cambio del apoyo al actual gobierno comunal”. 
En ese sentido, la jueza decidió hacer lugar a la medida restrictiva “a los efectos de garantizar una mayor certidumbre a la totalidad de las agrupaciones que compitan en las elecciones (…) y con el fin de evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente”.
A la vez, la magistrada se declaró incompetente para entender en la cuestión de fondo, por lo que tras dictar la cautelar, remitió las actuaciones al juzgado electoral de la provincia, a cargo del juez subrogante Adolfo Gabino Ziulu. A él le corresponderá seguir adelante con las actuaciones. 

 

Sin comentarios
El Diario intentó recabar testimonios de los funcionarios municipales pero hasta anoche no hubo respuestas.
 

Escrito por Diego Schejtman

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