La justicia bonaerense está realizando esta tarde una serie de procedimientos en oficinas municipales de Pilar en busca de documentación vinculada a una causa que investiga el supuesto desvío de fondos públicos de ayuda social a través de una ONG.
La justicia bonaerense está realizando esta tarde una serie de procedimientos en oficinas municipales de Pilar en busca de documentación vinculada a una causa que investiga el supuesto desvío de fondos públicos de ayuda social a través de una ONG.
El procedimiento fue ordenado por la fiscal Virgina Tosso, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Don Torcuato, dependiente del Departamento Judicial de San Isidro.
En estos momentos, personal judicial y de la DDI de Tigre realiza diligencias en la Secretaría Privada del intendente Nicolás Ducoté y en otros despachos oficiales.
Desde el gobierno municipal señalaron que se trata de un allanamiento sini de “una orden de presentación, que técnicamente es distinto”.
Antes, la policía ya había allanado dos viviendas particulares, una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otra en el Partido de Vicente López. Serían en los domicilios que figuran en las actas constitutivas de la ONG Creando Familia y Futuro y en las facturas que esta entidad entregó al Municipio de Pilar en 2017 por un trabajo de relevamiento social, de cuya existencia real la Justicia duda.
De hecho, el año pasado El Diario pudo comprobar que en ambas direcciones funcionan casas particulares sin vínculo alguno con esa u otras ONG.
Según trascendió, la documentación requerida por la justicia sería parte esencial de una pericia clave para el avance de la causa penal.
De acuerdo al contrato, que se conoció el año pasado, la ONG cobró más de un millón de pesos del Estado comunal para realizar un relevamiento de la población en situación de vulnerabilidad social en distrito. Pero además de que el resultado fue, en la mirada de la oposición, algo pobre para la magnitud del monto pagado, nuevos datos generan más sospechas: los domicilios declarados por la ONG son de casas particulares, en las que sus ocupantes aseguran desconocer el funcionamiento de la fundación.
La denuncia fue una de las primeras presentadas por la concejal Paula González, del Frente de Todos, quien impulsó luego otras causas por supuestos hechos de corrupción que involucran a funcionarios municipales.