El concejal oficialista Diego Ranieli defendió ayer la última versión del trajinado proyecto de cableado, que finalmente terminó de modificarse esta semana en la comisión parlamentaria de Legislación, que él preside.
Ranieli subrayó el hecho de que el en nuevo proyecto, tanto las empresas que hagan nuevos tendidos como las que los tengan, tendrán un plazo para presentar planes de soterramiento.
“Con los plazos hay que ser estrictos”, dijo, entrevistado por el programa Materia Prima, de FM Plaza.
De todos modos, los plazos que establece el proyecto no serán para comenzar las obras de soterramiento sino para que cada una de las empresas presente un plan de inversiones para hacerlo. “El plazo lo tiene que definir el Municipio, coordinando con todas las empresas que tienen postes para hacer una obra única”, sostuvo Ranieli.
Los tiempos de esa obra no están definidos. Pero sí lo están los plazos para la presentación de los planes.
En el área comercial del centro de Pilar, todas las empresas deberán presentar el plan de adecuación en 180 días. En el resto de las áreas urbanas, tendrán 24 meses, mientras que en accesos principales y rutas, ese plan deberá estar listo en 36 meses.
El único plazo definitivo es de 10 años. En ese tiempo, si la legislación se mantiene y no hay prórrogas, todos los cables deberán estar bajo tierra en todo el territorio del distrito.
“Por ahí el plazo parece largo, pero si se hubiera reglamentado así en la ordenanza original, hoy ya estaría solucionado”, dijo Ranieli. Es que la legislación actualmente vigente, que ordena que todo cableado debe ser subterráneo, rige desde 2001, hace 17 años. Pero no estableció plazos y nunca se reglamentó.
Según Ranieli, al principio de la discusión “surgió confusión y error en la ordenanza que derogaba el cableado subterráneo”. Y apuntó veladas críticas a los sectores técnicos del gobierno, que buscaron legislar sin tener en cuenta el contexto ni las implicancias políticas de la medida.
“Lamentablemente, a veces algunas personas no entienden cómo funciona el sistema y llegan ordenanzas como esta, que derogan una norma que no se podría derogar, porque tenía implicancias mayores”, dijo. Pero agregó que el circuito del expediente, incluyendo su paso por el Concejo, permite subsanar esos problemas.
Por ejemplo, dijo que el proyecto final “separa a Edenor de la nueva reglamentación y seguirá con la vieja ordenanza. Ahora, debe ser reglamentada por el Ejecutivo para poner los plazos”.
