El ministro de Justicia Germán Garavano elevó a consideración del Poder Ejecutivo Nacional un proyecto modificatorio de los decretos de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces federales y de la Ley del Consejo de la Magistratura.
Según señaló en un comunicado, busca “elevar los estándares de las evaluaciones de los magistrados y acelerar sus nombramientos”.
Al mismo tiempo, remarcó que entre las principales modificaciones, Garavano propone: “ampliar el contenido del informe que recaba la AFIP sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos, para incluir la presentación de un detalle de la situación patrimonial de los postulantes, a fin de detectar irregularidades o inconsistencias”.
Según señala el funcionario: “será un panorama exhaustivo y claro de los bienes del juez que estará a disposición del presidente a la hora de elegir qué candidato de la terna nomina”.
Por otra parte, el ministro consideró que “nadie puede estar en contra de que los candidatos presenten sus declaraciones juradas” e hizo hincapié en la necesidad de que los candidatos realicen “capacitaciones”.
En cuanto a la Ley del Consejo de la Magistratura, Garavano propone modificar el artículo 13, que es el que regula las competencias de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, y los requisitos a cumplir por los aspirantes, entre otros ítems.
“Los cambios propuestos apuntan a lograr una mayor publicidad, transparencia y control ciudadano de los concursos, implementando la transmisión online de las distintas instancias, con exámenes exclusivamente orales”, destaca el texto de la cartera judicial.
Las modificaciones impulsadas prevén requerir a los aspirantes, a los jueces elegidos y a los magistrados en funciones al menos 40 horas de capacitación obligatoria anual.
El proyecto busca también reducir los tiempos de tramitación de los concursos y del número de integrantes de los jurados. Propone que sean 3, un profesor de Derecho, un juez y un abogado de matrícula federal, y que se elijan mediante sorteos públicos.
