El Concejo Deliberante decidió, por mayoría, ceder al Ejecutivo municipal la facultad para decidir dónde se ubicarán las cámaras de control de velocidad para cobrar fotomotultas.
La decisión dio marcha atrás con la idea original, que obligaba al gobierno a someter esa decisión al control legislativo.
Esa, justamente, había sido la condición que los bloques opositores habían impuesto para votar, a mediados de año, la aprobación del polémico convenio, en el que algunos ven las trazas de un negocio privado, con aristas poco claras.
En las últimas semanas, se esperaba la llegada al Concejo de un expediente que estableciera la ubicación de las cámaras fijas para que, una vez debatido y aprobado, pudiera comenzar a aplicarse plenamente el sistema, que hasta ahora solo cuenta con un cinemómetro móvil.
Pero lo que se votó fue distinto a eso: “El Departamento Ejecutivo deberá notificar al Concejo Deliberante dentro de las 72 horas hábiles de instalados los equipos, su ubicación exacta”. Es decir, la comunicación tendrá solo carácter informativo y será post facto.
“Es insólito cómo estamos votando en contra de nuestras facultades, no sabemos por qué se instalarán las cámaras en donde se dice, no conocemos los índices de siniestralidad ni se dio un solo curso de prevención de accidentes”, se quejó el peronista Santiago Laurent.
Por su parte, Osvaldo Pugliese cuestionó el mecanismo que implica el sistema, a través de la participación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la entidad que nuclea a las empresas que venden los equipos (CECAITRA), la Provincia de Buenos Aires y la Comuna. Cada parte se lleva una porción de la millonaria recaudación del sistema.
