La celebración que resonó en el recinto del Concejo Deliberante tras la derogación de la tasa vial se apagó pronto. Apenas dos semanas después de que todo el cuerpo votara por unanimidad el final del polémico impuesto a los combustibles, el mismo HCD volverá a ponerlo en vigencia.
Lo hará mañana, en la primera sesión ordinaria de septiembre, luego que ayer se aprobara el proyecto en la comisión correspondiente.
Esta vez, sin embargo, la vuelta a la vida de la tasa vial tendrá un plazo acotado: solo seguirá vigente hasta diciembre de este año, y ya no formará parte de la ordenanza fiscal y tarifaria del año que viene.
Los motivos para la marcha atrás con la celebrada derogación fueron económicos pero, por sobre todo, legales.
Según se explicó, no está permitido derogar un impuesto vigente después de aprobado el presupuesto municipal del año en curso sin establecer una fuente alternativa de financiamiento para compensar los fondos que dejarán de percibirse.
En este caso, se estima que el Municipio dejaría de percibir unos 4 millones de pesos hasta fin de año, de los más de 10 millones que recibiría durante todo el año a causa de ese tributo.
La marcha atrás fue aceptada a regañadientes por todos los concejales, que hace dos semanas habían celebrado la derogación.
De hecho, el presidente de la bancada de Cambiemos, Sebastián Neuspiller, que hoy asumirá como intendente interino en reemplazo de Nicolás Ducoté durante una semana, festejó en Twitter la decisión de dar por tierra con el impuesto.
La tasa había sido creada por el exintendente Humberto Zúccaro y siempre generó controversia. Incluso, desde el Frente para la Victoria hubo presentaciones judiciales para frenarla, aunque no prosperaron.
Este año, el impuesto cobra $0,06 el diesel oil, gas oil grado 2 (común) y otros combustibles líquidos de características similares; $0,18 la nafta grado 3 (ultra), gas oil grado 3 y 1 centavo el metro cúbico de Gas Natural Comprimido (GNC).
Según el texto del pedido de derogación, "los municipios no pueden gravar los hidrocarburos porque la normativa vigente así lo establece”, por lo que "incurre en una doble imposición, transvasando los límites de la constitucionalidad”.
A la vez, sostiene que "en términos socioeconómicos, la aplicación de la tasa vial es totalmente regresiva al salario del trabajador” y se "replica en la cadena comercial de la economía regional siendo el consumidor final, el vecino de Pilar, quien absorbe en última instancia todo el costo”.
4
millones de pesos es lo que se prevé que recaudará la tasa vial hasta fin de este año.
