El Concejo Deliberante postergó al menos por 60 días el tratamiento de una ordenanza que establecía el boleto estudiantil gratuito en las líneas de colectivos comunales, las que están identificadas con los números que van del 500 al 599.
La norma iba a tratarse ayer, en la primera sesión ordinaria del año en el Concejo Deliberante. De hecho, había sido aprobada el martes por unanimidad en la comisión de Educación del deliberativo.
Sin embargo, ayer, en plena sesión, se decidió cambiar la ordenanza por un proyecto de comunicación –sin valor normativo- en el que los ediles se comprometen a legislar en la materia en el plazo de los próximos dos meses.
El meollo del asunto es la aplicación de la medida, que en las últimas horas había comenzado a generar dudas, principalmente entre los oficialistas.
La principal pasa por cómo suplir el dinero que, de aplicarse el boleto gratis para los estudiantes, dejarían de percibir las empresas de colectivos. Se estima que la cifra podría rondar los 20 millones de pesos, teniendo en cuenta los nuevos valores.
El cambio se decidió sobre la marcha, en un cuarto intermedio en el que los ediles se reunieron a puertas cerradas en oficinas del Ejecutivo municipal.
Dentro del recinto, representantes de centros de estudiantes y de organizaciones políticas que impulsaban la medida quedaron a la espera de una respuesta.
El concejal de la Juventud Peronista, Juan Pablo Roldán, había sido el encargado de darle forma al proyecto. Ayer, tuvo la responsabilidad de ponerle un freno, por lo menos temporal.
De todos modos, criticó al gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal por tener cajoneada desde hace cuatro meses la reglamentación de una ley similar para las líneas provinciales.
El boleto estudiantil universitario rige en Pilar desde el 2014. Aunque el proyecto original presentado por el hoy funcionario de Cambiemos y ex dirigente socialista Miguel Gamboa, pretendía que costara un peso, y hasta hubo iniciativas que pedían la gratuidad, finalmente por imposición del gobierno de Humberto Zúccaro se terminó equiparando al mínimo vigente, que era de 3 pesos. Pero ahora, el valor es de 6, lo que en la opinión de algunos ediles hace que la situación sea más apremiante.
