por Sergio Abrate
En la tarde de ayer, quien suscribe, se encontró con un acta de infracción en el parabrisas de su auto, el cual dejé estacionado sobre una parte de la amplia vereda de la calle Pedro Lagrave al 200. Aclaro que de ninguna manera obstaculizaba la circulación de los peatones.
Dos motivos me llevaron a estacionar en un lugar que, sabía, no está permitido. Ya es la tercera oportunidad que encuentro mi vehículo chocado al dejarlo estacionado en la calle.
El otro, la gran cantidad de vehículos que, en la misma vereda pero de la mano contraria, permanecen largas horas, todo el día algunos, estacionados. Aunque en este caso sí obstruyen el paso de los peatones, no son multados.
En alguna oportunidad pregunté a los inspectores el por qué de la arbitrariedad de multar a unos y permitir el estacionamiento a otros. “Tienen permiso para hacerlo”, fue la respuesta, seca. No indagué más entendiendo que están cumpliendo una orden.
Justamente, de esa arbitrariedad se trata esta nota. Es una constante encontrar en el lugar donde ayer recibí la multa, vehículos estacionados. Generalmente se trata de funcionarios o allegados a la Municipalidad del Pilar que asisten a los eventos de la Casa de la Cultura, en Lagrave e Hipólito Yrigoyen, precisamente, frente a nuestro diario.
Abonaré la multa, como corresponde, más allá de lo lastimosa que resulta el acta de infracción, prácticamente imposible de leer y descifrar. Ahora, aguardo el mismo castigo para los vehículos oficiales que estacionan en el mismo lugar por el cual recibí la infracción.
Aguardo la misma rigurosidad para con el resto de los vehículos estacionados en la misma vereda, más allá del “permiso” que hayan obtenido. En todo caso me gustaría saber quién se los otorgó y bajo qué criterio.
Aguardo la misma rigurosidad para los vehículos oficiales que permanentemente estacionan sobre línea amarilla, para los funcionarios que también lo hacen y para sus familiares que gustan estacionar sobre la vereda y -no como en mi caso- obstruyendo el paso de los peatones.
De lo contrario, pensaré que el área de Tránsito, que comanda Adriana Castro, aplica multas de manera arbitraria castigando conductas que omite cuando la “cara del infractor” es conocida o “amiga de la casa”.
Por último, considero que además de ser burdo y desprolijo, ese accionar es injusto, retrógrado y viola el más mínimo precepto de igualdad ante las leyes.