Un diputado de la Provincia impulsa multas de hasta $2 millones para bancos y empresas que superen 30 minutos de espera.
Un diputado de la Provincia impulsa multas de hasta $2 millones para bancos y empresas que superen 30 minutos de espera.
En la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires avanza un proyecto de ley para limitar a 30 minutos la espera en bancos y empresas de servicios públicos bonaerenses. La iniciativa contempla multas de hasta $2 millones para las entidades que incumplan y busca garantizar un trato digno a usuarios y consumidores.
La iniciativa, que lleva la firma del diputado bonaerense de la Coalición Cívica (CC), Andrés de Leo, apunta a mejorar la previsibilidad para los ciudadanos al momento de realizar trámites o pagos y fija sanciones económicas para las entidades que no cumplan con el plazo estipulado.
"Las entidades financieras y empresas prestatarias de servicios públicos deberán garantizarles a sus clientes que el tiempo de espera para ser atendido en caja no superará los 30 minutos. A tal efecto, la reglamentación establecerá los mecanismos tendientes al cumplimiento de la presente", señala el primer artículo del proyecto impulsado por el legislador de Bahía Blanca.
El texto ingresado en la Cámara de Diputados bonaerense establece multas que irán desde los $500 mil hasta los $2 millones, según la gravedad de la infracción determinada por la autoridad de aplicación. Además, en caso de reincidencia dentro del plazo de un año, las sanciones económicas se duplicarán.
En paralelo, el proyecto obliga a los bancos y establecimientos alcanzados por la normativa a exhibir carteles visibles con la leyenda: "El tiempo de espera en caja no debe superar el término de 30 minutos, en caso contrario, puede hacer su reclamo en el libro correspondiente".
"La idea principal es proteger los derechos de los usuarios consagrados en la Carta Magna de la provincia de Buenos Aires, que afirma que 'los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno'", sostuvo De Leo en los fundamentos de la iniciativa.