Un proyecto presentado por el bloque kirchnerista del Concejo Deliberante busca dotar de un marco regulatorio al funcionamiento de las cámaras de seguridad, una de las herramientas centrales de la política municipal de prevención del delito.
La iniciativa fue elaborada por el concejal Santiago Laurent. Entre otros puntos, establece mecanismos para que vecinos y concejales decidan el lugar donde se instalarán nuevas cámaras. Además, propone que se señalicen los artefactos de vigilancia que están funcionando y que los convenios para la incorporación de cámaras aportadas por actores privados deban ser refrendados por el HCD.
Según el texto de la iniciativa, “se requiere incorporar información estadística y la elaboración de mapas delictivos a los fines de contar con indicadores confiables para la toma de decisiones” acerca de la colocación de cámaras.
Para eso, propone crear una “Comisión Consultiva de video-vigilancia con participación de los vecinos, el departamento ejecutivo, el Concejo Deliberante, las fuerzas de seguridad y la Justicia”.
A la vez, señala que el sistema requiere “la delimitación de objetivos y el destino de dicha vigilancia”, aclarando que “en orden democrático, se debe garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, mediante criterios de confidencialidad, que protejan a las mismas de posibles desvíos y/o usos indebidos de estas herramientas que atenten contra la privacidad”.
Según el proyecto, el objetivo del sistema de cámaras será “la prevención y esclarecimiento de los delitos” y su autoridad de aplicación será la Secretaría de Prevención Comunitaria.
Entre otras obligaciones, el área deberá “elaborar un reporte mensual de cada una de las cámaras del sistema conteniendo horas de grabación, posibles interrupciones, número de casos de delitos y faltas registradas”.
También deberá realizar reportes estadísticos diarios, por área, localización y franjas horarias “referentes a la cantidad de hechos delictivos registrados y cantidad de hechos delictivos que han sido evitados por el registro de las mismas”.
En tanto, la Comisión Consultiva de Video-vigilancia, asesorará al Ejecutivo sobre la localización de las cámaras. También “velar por el respeto y la observación de las garantías que emanan de nuestra Constitución Nacional”.
También asesorará a los operadores del Centro de Monitoreo, elaborará informes sobre el funcionamiento general del sistema y deberá prestar autorización para la entrega de la información captada por las videocámaras “con fines científicos o académicos”.
El proyecto también establece que “el personal que cumpla tareas en el Centro de Monitoreo será responsable de preservar la confiabilidad de los datos e imágenes, siendo civil y penalmente responsables por su difusión indebida”.
También establece que las cámaras deberán estar señalizadas y las imágenes obtenidas se almacenarán durante un año.
La iniciativa está siendo analizada en la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, que decidió mantenerla en estudio a la espera de la opinión del Ejecutivo municipal, que aún no se expidió acerca de la propuesta.
El dato
El próximo 16 de septiembre, el gobierno inaugurará la ampliación del Centro de Monitoreo y lanzará el botón antipánico junto al sistema de reconocimiento de rostro y lectura de patentes.
“Hay un vacío normativo sobre el tratamiento de las imágenes, no se sabe cuál cámara funciona y cuál no”.
SANTIAGO LAURENT