El desalojo de dos familias que vivían en una plaza porteña, un trámite que demandó 23 años de litigio judicial, sería el trasfondo del confuso episodio que terminó con dos camiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires colaborando con el intento de usurpación de un terreno en el barrio Sansoucí, de Presidente Derqui.
Así lo explicó el concejal pilarense y precandidato a la intendencia de Pilar por el Pro, Nicolás Ducoté, quien dijo haberse enterado por El Diario de la situación y, a partir de ahí, buscó reconstruir los antecedentes con funcionarios del gobierno porteño, donde trabajó como funcionario del Ministerio de Gobierno hasta su asunción como edil.
Durante la víspera de Navidad, Ducoté ya había recopilado alguna información que le permitió asegurar que el traslado de los usurpadores por parte del gobierno porteño había sido ordenado por la Justicia. Ayer, dio más detalles sobre la situación.
Según Ducoté, la orden provino de la fiscal Contravencional y de Faltas de la ciudad Celsa Ramírez, y obliga al gobierno de Mauricio Macri a efectuar el traslado de las pertenencias de dos familias al lugar que ellos indicaron.
Se trata de las familias Giménez y Villarrubio, que, siempre según la explicación del concejal, presentaron ante la fiscal un supuesto contrato de alquiler del terreno de Derqui al que finalmente fueron llevados. Claro que el terreno tenía dueño y no había ningún alquiler real de por medio.
Ducoté señaló que la orden del Ministerio Público Fiscal se dio en el marco de la causa 41.403, iniciada el 16 de enero de este año ante la Justicia Contravencional y de Faltas porteña.
Fue en el marco de un lago proceso de desalojo de las familias que vivían en una plaza de la Comuna 1, que abarca varios barrios del centro de la ciudad.
