La líder local de la Corriente Clasista Combativa (CCC), Liliana, Ruiz, fue procesada por la Justicia a raíz de un corte de ruta realizado a fines del 2010. En caso de ser encontrada culpable en un juicio, podría ser condenada a penas de cumplimiento efectivo, ya que el artículo 194 del Código Penal –en el que está encuadrado su causa- prevé prisión de 2 a 6 años para quien impida la circulación del tránsito.
“Esta pena fue duplicada por la Ley Antiterrorista, así que ya no es excarcelable”, le dijo Ruiz a El Diario, ayer, tras una marcha hasta la sede de la Cámara de Casación de San Martín para reclamar la anulación de la causa.
Ruiz conduce la CCC local y de la zona norte del Conurbano tras la muerte del histórico dirigente de Manuel Alberti, Luis Cubilla, quien también fue enjuiciado y absuelto por un corte de ruta a fines de 2007.
“Este gobierno tiene a 6 mil luchadores sociales procesados. No pudieron comprarnos ni dividirnos y ahora nos quieren mandar presos. Somos un grano molesto”, opinó Ruiz.
La causa por la que está procesada Ruiz fue iniciada por el secretario a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Martín, Daniel Omar Gutiérrez. Según informó la CCC a través de un comunicado, “se la imputa de violación al artículo 194 del Código Penal (corte de ruta), a raíz de una movilización a fines del 2010, reclamando comida y trabajo frente a un importante hipermercado de la zona de Tortuguitas”.
En diálogo con El Diario, la propia Ruiz detalló que la movilización se realizó poco antes de la Navidad del 2010 frente al Tortugas Open Mall. La protesta incluyó un corte de la Panamericana.
“Fuimos a pedir trabajo y comida para los compañeros desocupados”, explicó Ruiz. La dirigente contó que un policía se acercó a pedirle su teléfono como parte de la negociación entre las partes para destrabar el conflicto. “Con ese número sacaron todos mis datos para armar la causa. Ya tenían orden de procesarme, pero nunca me notificaron sobre la formación de la causa y por eso estamos exigiendo la nulidad”, agregó.
La marcha de ayer se concentró en la sede judicial de Güemes 3.053, en San Martín. Hasta allí llegaron referentes de la CCC y el MST, entre los que estuvo Vilma Ripoll, ella misma procesada también en su momento a causa de una protesta.
Por su parte, referentes del socialismo local también se solidarizaron con la dirigente, que fue candidata a concejal por el Frente Amplio Progresista en el 2011.
“El procesamiento de Liliana Ruiz es un ejemplo más del avance de la política de criminalización de la protesta por parte del Gobierno nacional, y de la Justicia que protege a los que se llenaron los bolsillos estos años, sobre la base de superexplotar a los trabajadores”, sostiene la CCC en un comunicado.
El Evita, en alerta
Militantes y dirigentes del Movimiento Evita se declararon en estado de alerta al no recibier noticias sobre la reincorporación de unas 500 personas a las cooperativas del plan Argentina Trabaja.
Ayer, tras reunirse con funcionarios nacionales en la sede del club Peñarol, donde se realiza el reempadronamiento de los cooperativistas, la dirigente Valeria Domínguez anunció un ultimátum: si para el miércoles de la semana que viene no son reinscriptos todos los trabajadores, se movilizarán al Peñarol para exigir que los anoten. Y si aún así persiste la negativa, podrían tomar otras medidas.
De hecho, la semana pasada habían amenazado con acampar en la plaza si sus reclamos no eran escuchados, medida que luego se dejó sin efecto a raíz de los avances en las negociaciones.