Zakhem impuso un tema espinoso en la agenda de debate legislativo.
La radical Claudia Zakhem está decidida a introducir, por primera vez, el tema del aborto en un debate del Concejo Deliberante local. Y lo hará a través de un proyecto de resolución que busca la adhesión del cuerpo legislativo al fallo de la Corte Suprema que fija posición sobre la interrupción del embarazo en casos de violaciones.
La iniciativa de la radical llegará al deliberativo hoy y sería tratada en comisión la semana próxima. Será, para muchos, un debate incómodo. De hecho, buena parte de los concejales prefiere no hacer pública su opinión sobre el espinoso tema cada vez que le es requerida.
Ayer, en diálogo con El Diario, Zakhem dejó sentada una posición intermedia entre los que defienden la prohibición total y los que propician la despenalización de la interrupción del embarazo. Para la radical, un embarazo producto de una violación es motivo suficiente para legalizar el aborto. Sin embargo, está de acuerdo en mantener la práctica dentro del Código Penal para el resto de los casos.
“Yo estoy en contra del aborto en general, pero ésta es una excepción válida. Hay infinidad de casos donde chicas quedan embarazadas a causa de abusos y nenas que interrumpen abruptamente su infancia teniendo que hacerse cargo de un hijo producto de un abuso”, argumentó la concejal.
Proyecto
El expediente que presentará Zakhem en la mañana de hoy es una resolución que consta de sólo tres artículos y un puñado de vistos y considerandos que caben en una carilla. Suficiente para inaugurar un debate que hasta ahora estuvo fuera de los ámbitos institucionales del distrito, cuyos miembros suelen excusarse en que es un tema ajeno a la competencia local.
En el texto, Zakhem pone de relieve la situación por la que atraviesa una mujer que además de ser víctima de un abuso sexual debe cargar con un embarazo como producto de ese ataque. Asimismo, destaca que la posibilidad de ser víctima “no discrimina clase social ni edad”.
Por otro lado, señala que la posibilidad de detectar el embarazo de forma rápida y certera a través de un análisis de sangre pocas horas después de cometida la violación, permite llegar a su interrupción de manera segura para la mujer.
En sus artículos, el proyecto propone adherir al fallo emanado por la Corte Suprema e insta a todos los concejos deliberantes de la Provincia a tomar una actitud similar.
Zakhem dice haber recibido el apoyo de los opositores Digo Ranieli y Noemí Barrio, aunque hasta ayer no había podido sondear opiniones entre los miembros del bloque oficialista.
Zakhem se define católica y asegura que le asigna a la religión un rol importante en su vida y en la educación de sus hijos. Sin embargo, en esta situación se muestra dispuesta a discrepar con la posición rígida de la Iglesia: “La Biblia tendrá razón y la vida comenzará desde la concepción, pero las consecuencias psicológicas de esta situación son terribles”, opinó.
Madre
El caso ocurrió en el 2010, cuando en el Hopital Meisner, de Derqui, una nena de 11 años –cuyos datos se mantienen en reserva- dio a luz un bebé producto de la violación que había sufrido por parte de un vecino, en su casa de Luis Lagomarsino. El abuso no había sido denunciado y recién llegó a oídos de las autoridades cuando la familia de la nena la llevó al centro de salud y le diagnosticaron un embarazo de cinco meses.
El fallo
Lo que dijo la Corte Suprema
En un fallo histórico dado a conocer esta semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación precisó el alcance del aborto no punible y dijo que estos casos no deben ser judicializados El máximo tribunal interpretó el Código Penal diciendo que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y exhortó a implementar protocolos hospitalarios para cumplir de manera automática con la resolución sin mediar decisión judicial de por medio.
El voto mayoritario, firmando por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni sentó tres reglas:
• Que la Constitución y los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación
• Que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.
• Que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.
Entre otros aspectos, en la decisión, se tuvieron en cuenta la posición de la Organización Mundial de la Salud en la materia y distintos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño, ambos de Naciones Unidas.