Alambre caído. Una patrulla municipal revisaba anoche lo que quedó del cerco.
El alambrado con que vecinos del barrio Los Mirasoles habían cerrado en los últimos días el paso vehicular por la calle Chillán amaneció ayer tirado en el piso, con los postes de cemento destruidos.
Según la voz que corre por el barrio, una camioneta lo habría embestido intencionalmente el jueves por la noche. Abrió así otro capítulo en la disputa que pone en contradicción dos derechos: la seguridad y la libre circulación.
Ahora, los vecinos que pretenden restringir el paso de vehículos tienen una nueva apuesta: alquilar las calles para cerrarlas legalmente.
Así lo admitió, en diálogo con El Diario, el presidente de la sociedad de fomento, Roberto Fernández. El dirigente vecinal tiene gimnasia en eso de los vericuetos legislativos, ya que hasta 2009 completó dos periodos como concejal.
Fernández encabezará esta tarde, en la plaza de Los Mirasoles, una reunión vecinal. Se espera que participen también quienes se oponen al cierre y que, en los últimos días, hicieron oír sus quejas.
En el barrio creen que alguno de ellos condujo la camioneta que derribó el alambrado, aunque no hay certeza.
Lo que sí aseguró Fernández es que en la madrugada de ayer otra casa fue robada en Los Mirasoles. Y aunque no vinculó el delito con el derribo del cerco, los hechos parecen confabularse para consolidar sus argumentos.
En el Concejo
El debate por el cierre de calles en Los Mirasoles encontrará posiciones contrapuestas cuando llegue al Concejo Deliberante, su destino luego de recorrer las distintas dependencias que lo analizan en el Departamento Ejecutivo.
La presidenta del bloque oficialista, Liliana Alfaya, subrayó el carácter ilegal que reviste el cierre de calles. De todos modos, dejó una puerta abierta para la convalidación de esa medida siempre y cuando se alcance un consenso amplio y sin fisuras entre todos los involucrados.
“Yo entiendo las preocupaciones por la seguridad. Y aunque creo que las murallas no son la solución, si algunos creen que sí deberán convencer a todos”, señaló.
Por su parte, Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, se opuso rotundamente a lo que calificó como una decisión “arbitraria y antojadiza” de los vecinos.
Para la edil opositora, “las calles tienen que ser abiertas al acceso público” y no hay consenso vecinal que pueda derribar ese principio.
“Esto no es un tema de consenso entre los vecinos que viven ahí. Si alguien que vive en otro barrio tiene que pasar por ese lugar, debe poder hacerlo”, sostuvo Campagnoli.
Incluso, la concejal comparó la situación con la de algunos countries que debieron comprar sus calles. Una solución similar a la que ahora propondrán los vecinos.