La querella se suma al pedido de perpetua para Patti

La fiscalía había solicitado la misma pena. El abogado Pablo Llonto dijo que los crímenes de Gastón Gonçalvez y Diego Muñiz Barreto deben ser juzgados como genocidios.

4 de febrero de 2011 - 00:00

 

El abogado querellante Pablo Llonto también pidió perpetua para Patti.

 

Una de las querellas en el juicio oral al ex subcomisario Luis Patti por delitos de lesa humanidad adviritió ayer que los crímenes del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto y del militante montonero Gastón Gonçalvez fueron cometidos como parte de un «plan criminal»  equiparable a un «genocidio», al reclamar prisión perpetua para todos los acusados.

«Las víctimas de las familias que represento fueron víctimas de un genocidio» perpetrado en la última dictadura militar, consideró el abogado Pablo Llonto en el alegato final hecho ayer ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que juzga a Patti, al ex dictador Reynaldo Bignone, al ex comandante Santiago Omar Riveros, al ex comisario Juan Fernando Meneghini y al ex oficial de inteligencia del Ejército, Martín Rodríguez.

Llonto y la abogada Ana Oberlik pidieron condenas de prisión perpetua para todos los acusados en la misma sintonía de las penas solicitadas ya por la fiscalía en el alegato hecho en diciembre pasado.

Tras el receso estival, ayer fue el turno de los representantes de las familias de los asesinados Muñiz Barreto y Gonçalvez, y de otros dos jóvenes militantes de Escobar desaparecidos, cuyos restos no fueron encontrados, los hermanos Luis y Guillermo D’Amico.

 

En ambulancia

El alegato comenzó poco antes de las 10, con Patti siguiendo las alternativas del juicio desde una ambulancia estacionada junto a una entrada del auditorio Hugo del Carril, en la localidad bonaerense de José León Suárez, hasta que según su abogado defensor, Alfredo Bisordi, sufrió una descompensación.

Esto obligó a una revisión médica, que dio cuenta de una  descompensación a raíz de una baja de presión de Patti, ante lo cual la presidenta del tribunal, Lucila Larrandart, dispuso que se lo traslade de vuelta a la clínica Fleni de Escobar, donde está internado tras un accidente cerebrovascular, aunque tiene dictada prisión preventiva en su contra.

Si bien no está tipificado como delito, Llonto pidió a los  jueces que «contemplen la figura del genocidio en la sentencia porque nuestro país formó ejércitos y fuerzas policiales genocidas, se incorporaron doctrinas para justificar la tortura y elminación de personas, y Argentina agregó el sello característico y lamentable para nuestra historia de los ‘vuelos de la muerte’’».

Los querellantes afirmaron que a lo largo del juicio se  reunieron «125 pruebas penales» contra los acusados y en el caso de Patti quedó demostrado que como oficial subinspector en Escobar del 4 de enero de 1972 al 7 de marzo de 1977, «en el marco de un genocidio cometió privación ilegal agravada» contra seis víctimas, además de «tormentos agravados por ser perseguidos políticos» a Muñiz Barreto, Gonçalvez y los hermanos D’Amico, y el «homicidio triplemente agravado de Gonçalvez».

«Hubo un plan delictivo, una organización criminal cuyo fin último era matar a quienes llamaban subversivos. Los cinco acusados querían convertirse en participantes de esa empresa que tenía un propósito criminal común: el exterminio de todos los militantes políticos que ellos consideraban subversivos», agregó Llonto.

Para la querella quedó probado que las víctimas fueron  secuestradas en Escobar y llevadas primero a un camión celular estacionado en los fondos de la comisaría, que había quedado bajo la órbita de Institutos Militares tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

 

Caso Gonçalvez

Fusilamientos en El Cazador

Al describir cómo se operó en Escobar, el abogado Pablo Llonto recordó que una vez Luis Patti le dijo al hermano del luego secuestrado Gastón Gonçalvez, de 25 años, que «era peligroso porque avivaba giles» e interpretó que al luego intendente de Escobar y fallido diputado «le molestaba que hubiera jóvenes en la militancia para abrir conciencia social, política, laboral, gremial».

«En el caso de Patti y Meneghini (su jefe en Escobar)  pretendían llevar a su territorio esta limpieza absoluta, y  focalizarla en el territorio de Escobar y Garín», sostuvo el abogado ante los jueces Lucila Larrandart, Horacio Segretti y María Lucia Cassain.

Según se sostiene, fue Patti quien secuestró a Gonçalvez y lo torturó en Escobar para luego asesinarlo en un fusilamiento de presos en el paraje El Cazador. Los cuerpos estuvieron enterrados más de 20 años como NN en el cementerio local, hasta que una empleada formuló la denuncia  durante la intendencia del ahora procesado, y fueron exhumados e identificados.

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