Zúccaro busca que la ordenanza se modifique sin votar de nuevo.
El sinuoso recorrido de la ordenanza que pretende castigar a los padres de menores que consuman alcohol parece estar lejos de llegar a su fin. Es que luego que el gobierno municipal admitiera la necesidad de reformar el texto aprobado por el Concejo y promulgado de hecho por el Ejecutivo, ediles de la oposición coincidieron en advertir que no permitirán que esos cambios se apliquen sin ser votados en el recinto.
Esa posibilidad, rechazada por los concejales de la oposición, había sido mencionada públicamente en los últimos días por el propio intendente Humberto Zúccaro, quien señaló que se buscará introducir los cambios por consenso, para evitar una nueva votación.
Para el denarvaísta Diego Ranieli, la ordenanza “está vigente” y, en ese escenario “no se puede modificar ni sacarle artículos”.
Para eso, dijo, el Ejecutivo debió haber vetado la ordenanza aunque sea parcialmente cuando le fue girada luego de su aprobación por unanimidad por parte del deliberativo.
Pero eso no pasó. El jefe comunal no vetó la ordenanza así que, aunque tampoco la puso en vigencia por decreto, finalmente terminó promulgada de hecho.
Desde la Coalición Cívica, la concejal Marcela Campagnoli sostuvo que una reforma al texto debe ser votada por el Concejo.
“Si hay que modificar algo se hará, el espíritu es no perjudicar a los menores sino ejercer el control sobre los mayores”, diferenció Campagnoli.
El que se mostró más enojado con la situación fue el felipista Gustavo Trindade. El edil aseguró que durante el debate de la normativa –que duró varios meses- su bloque “dejó de lado las oposiciones que tenía para darle al gobierno una herramienta que pedía dar solución a un tema grave”.
Ahora, sostuvo que en caso de que deba modificarse el texto de la norma deberá hacerse mediante un nuevo expediente que ingrese al Concejo Deliberante y recorra todas las instancias necesarias, incluida la votación en el recinto.
A la comisaría
Al parecer, uno de los principales temas por los que el gobierno se ve en el trance de tener que modificar la ordenanza es el artículo que faculta a las autoridades a trasladar a las comisarías a los chicos que sean encontrados en estado de ebriedad o bien involucrados en algún tipo de disturbio, la otra situación contemplada por la ordenanza.
Según se informó, existe una resolución dictada en el 2004 por el entonces ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián que prohibió taxativamente a la policía trasladar menores a las comisarías.
La norma, que se basa en tratados de la Comisión de los Derechos del Niño y resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, lleva el N° 1623 y sostiene que “la finalidad primordial asignada a los Policías de la Provincia de Buenos Aires, es la de intervenir en protección de los derechos de sus habitantes (…) y que en materia de minoridad estos atienden a contribuir auxiliarmente”.
De esa manera, postula que aunque se establece “el tratamiento de los menores en establecimientos específicos adecuados en número y calidad, su insuficiencia opera como una causa determinante para que los menores terminen siendo trasladados a dependencia policiales”.
“Esta circunstancia provoca que los policías destinados y preparados para funciones propias de seguridad, sean asignados a tareas de cuidado de los menores detenidos, provocando que se vean menguados los recursos asignados a las dependencias policiales”, dice la resolución.
Esta prohibición, sin embargo, no convence a los concejales de la oposición, que sostienen que no es necesario reformar esa parte de la ordenanza.
Ranieli negó que sea ilegal el traslado de menores a las comisarías. “Esa postura la discuto a muerte”, dijo.
Campagnoli también defendió el artículo al diferenciar entre la condición de “detenidos” y la de “retenidos”. Es que mientras la primera implica la permanencia en un calabozo, la segunda –a la que apela la ordenanza- señala que los jóvenes deberán permanecer en una sala de espera a ser retirados por un mayor.
La edil aclaró también que la ordenanza deja abierta la posibilidad que el traslado se efectúe a alguna dependencia municipal preparada a tal efecto. Por ejemplo, un centro de salud.
Esta semana será clave para conocer el futuro de la ordenanza que, aunque vigente, aún no estaría en condiciones de ser aplicada.
Las claves de la ordenanza
Multas duras, trabajo comunitario y arresto
La reforma al código contravencional que establece la posibilidad de multar a los padres de menores infractores, establece una serie de pautas que van desde las multas duras hasta la posibilidad de arresto.
Para los padres, las sanciones irán de los 2.400 pesos a los 8 mil pesos mientras que para los dueños de boliches y locales donde se venda alcohol, el piso del punitorio será de 8 mil pesos y podrá llegar hasta los 40 mil.
En el primero de los casos, la sanción podrá ser canjeada a criterio del juez de faltas por hasta 20 horas de trabajos comunitarios. De todos modos, sostiene que ante el incumplimiento de una sentencia “el juez podrá imponer la pena de hasta tres días de arresto” al infractor.