Los countries quieren sumar sus cámaras al sistema de monitoreo público.
A pesar del cambio de último momento que borró de la ordenanza fiscal 2011 una tasa dirigida a los countries que sumen sus cámaras a la red pública de monitoreo, el oficialismo consideró que ese beneficio no será gratuito para las urbanizaciones.
Así lo evaluó el presidente de la comisión de Hacienda del Concejo, Walter Roldán, quien adelantó su propia opinión negativa a la posibilidad de que los emprendimientos privados sean monitoreados por controladores cuyos sueldos sean pagados por el Municipio. “No estaría de acuerdo”, sostuvo Roldán.
Esas declaraciones fueron formuladas ayer, un día después de la sorpresiva eliminación de la tasa que tenía prevista gravar con 500 pesos mensuales la incorporación de cada cámara al sistema público de vigilancia.
Ese tributo había sido incluido por el propio gobierno en el proyecto fiscal para el año que viene. De hecho, era una de las principales modificaciones planteadas. Pero a último momento, por pedido del propio intendente Humberto Zúccaro, ese artículo fue eliminado.
“Zúccaro me llamó por teléfono el miércoles a la mañana (horas antes de la votación) y me pidió eliminar esos artículos”, sostuvo Roldán. Hasta el día anterior, en la reunión de comisión, ese cambio no estaba previsto.
Roldán explicó que la intención del intendente es incluir el tema de las cámaras dentro de un plan integral de seguridad que sería anunciado a fines de febrero y que, entre otras cosas, prevé la formación de una suerte de policía municipal y de un consejo municipal integrado por diferentes sectores.
Votos
El concejal felipista Gustavo Trindade se mostró ayer en contra de la posibilidad de que el servicio de vigilancia sea gratuito para los countries y costeado por el Estado comunal.
“Tienen que pagar, porque el servicio es para ellos aunque las cámaras estén en el perímetro”, dijo. Y recordó que la tasa finalmente eliminada “era uno de los puntos fuertes” de la tributaria que votó el miércoles la asamblea de concejales y mayores contribuyentes.
Sin embargo, el oficialista Roldán aseguró que la moción presentada por él para eliminar del proyecto los artículos referidos a la tasa en cuestión fue votada por unanimidad. Es decir, que Trindade también la habría acompañado.
Después, sin embargo, el felipista votó en contra de la tributaria tal como quedó planteada. Lo mismo hizo el mayor contribuyente que representaba a su bloque, Horacio Catania.
La tasa que iba a crearse había sido denominada como “tributo por servicio de control de monitoreo de cámaras de seguridad”. El costo iba a ser de 500 pesos mensuales por cada cámara que se montara a la red pública.
La medida respondía a la inquietud de los propios countries, sobre los ubicados a la vera de la Panamericana, que a través de una ONG a la que llamaron “Puentes de Pilar” propusieron sumar sus cámaras a las poco más de 40 instaladas por el propio Municipio.
Sin embargo, los countries hicieron explícita su falta de voluntad de pagar los gastos extra que acarrearía la inclusión de sus cámaras, entre ellos los generados por la necesidad de contratar más controladores. En el proyecto presentado al Municipio, las urbanizaciones dejaron claro que su única oferta sería la donación, por única vez, de 30 computadoras para destinar a escuelas públicas.
Se anunciaría en febrero
Un nuevo plan, con policía propia
El gobierno prepara un plan integral de seguridad que, al decir del propio intendente Humberto Zúccaro, se presentaría a fines de febrero.
Según pudo saberse, el eje del plan será la creación de una suerte de policía municipal compuesta por efectivos policiales en actividad contratados en horas adicionales. Estos hombres patrullarán el distrito en móviles blindados dispuestos por el Municipio. Lo harán acompañados por otros efectivos retirados, recontratados por la comuna.
Asimismo, se conformaría un consejo de seguridad que estaría encabezado por el intendente e integrado por diferentes sectores, encargados de asesorar sobre las futuras políticas en materia de prevención del delito. Una idea que organizaciones vinculadas a los countries vienen tratando de imponer desde hace más de una década, hasta ahora sin éxito.

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