Alfaya dijo que las familias damnificadas podrán ser asistidas por ONG con apoyo del Municipio.
Cinco familias del barrio Altos de Los Cachorros, de Manuel Alberti, quedaron al borde del desalojo luego que el Concejo Deliberante rechazara, por impulso del oficialismo, un proyecto para declarar de “interés público” el terreno en el que levantaron sus casas hace casi una década.
Ese paso legislativo era fundamental para que avanzara en la Legislatura provincial el trámite de expropiación onerosa de esas tierras, que consiste en la compra compulsiva por parte de la Provincia para vendérselas luego a sus ocupantes.
En la sesión del jueves, la declaración de “interés público” fue enviada al archivo en medio de un áspero debate entre la autora del proyecto, la concejal Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), y la presidenta del bloque oficialista Liliana Alfaya, quien aseguró que aprobar la iniciativa equivaldría a “blanquear usurpaciones”.
Todo el debate fue seguido de cerca por los damnificados que, algunos con lágrimas en los ojos, volvieron a sus casas sin la oportunidad de que sus razones fuesen escuchadas en el recinto.
Ayer, la dirigencia local del Partido Obrero, que acompañó el reclamo de las familias desde el principio, emitió un duro comunicado en el que calificó de “usurpadores” a los ediles del bloque del Frente para la Victoria y aseguró que la solución propuesta era “absolutamente posible, sólo la hace imposible el propio rechazo producido por el FPV, quien decide hacerlo en defensa (sic) de aquellos a quienes perjudica”.
Debate
Las familias damnificadas aseguran haber comprado de buena fe los terrenos en los que levantaron sus casas. Por eso, cuando la Justicia determinó –tras un largo juicio- que el terreno tenía otros dueños, los vecinos iniciaron una acción por estafa para determinar la responsabilidad de quien les vendió los lotes que no le pertenecían.
Durante la sesión, Campagnoli explicó que el tema llegó a la diputada provincial de la CC Liliana Piani, quien decidió iniciar el trámite de expropiación onerosa. De ese modo, los dueños legítimos recuperarían el valor de sus tierras y los vecinos no perderían las casas que les llevó años construir.
Según Campagnoli, no era necesario que el Concejo aprobase el expediente: bastaba con que lo mandaran otra vez a la comisión sin rechazarlo para que la Legislatura avanzara.
Pero la postura del bloque oficialista comandado por Alfaya fue irreductible: “no podemos propiciar el blanqueo mentiroso de usurpaciones donde la gente más pobre fue estafada”, dijo, y calificó el pedido de Campagnoli de “ilegal, inmoral e imposible de cumplir”.
Campagnoli, a su vez, argumentó que ella no está “a favor de los asentamientos ilegales”, pero aseguró que en Pilar “hay mucha tierra virgen y es una tentación para mucha gente que no tiene donde vivir y está expuesta a ser estafada”. Incluso, opinó que “el derecho a la propiedad no es absoluto” y recordó que “estas tierras nunca pagaron impuestos y estaban abandonadas” por sus dueños.
Los argumentos no sirvieron, sin embargo, para salvar al expediente del archivo.
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