Acorralado. Tras cinco meses sin respuestas Casal (der.) se reunió en Pilar con los foros.
La propuesta de los foros locales para que las empresas de telefonía celular desactiven los aparatos denunciados como robados sería un hecho en la Provincia de Buenos Aires. La medida busca terminar con el mercado negro de aparatos y así erradicar el robo de los teléfonos.
La novedad la brindó el propio ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal. En su llegada al distrito, para inaugurar el sistema de cámaras de seguridad junto al gobernador Daniel Scioli, el funcionario se encontró con los foros de seguridad.
De esta manera pudieron concretar una reunión con el reemplazante de Carlos Stornelli, luego de tres pedidos de audiencia en cinco meses, desde su asunción, los cuales nunca habían sido respondidos.
Casal dialogó poco más de una hora con las ONG que controlan el accionar policial y tras disculparse por el retardado encuentro, aseguró a los foristas que su propuesta para cortar el robo de celulares estaría cerca de la concreción.
Según las fuentes, el propio ministro les confió que el mandatario bonaerense concretó la tercera reunión con las autoridades de las diferentes empresas que brindan los servicios de telefonía celular para explicarles personalmente el proyecto y su fin.
Al mismo tiempo les remarcó que Scioli tiene un equipo destinado a trabajar exclusivamente en esa medida, por lo que señaló que no pasaría mucho tiempo hasta que se concrete.
En principio el sistema funcionaria entregando el número de IMEI de su celular, el cual se obtiene presionando las teclas *#06#.
En caso de robo, el número identificatorio del teléfono debería ser entregado a la compañía para que anule la utilidad del aparato.
Otras medidas
Al mismo tiempo que Casal anunció que la medida propuesta por los foros pilarenses podría ser un hecho en poco tiempo, el ministro también señaló a los foristas que el gobernador estaba a punto de recibir aprobada por ambas cámaras, la modificación de la ley para que los videos captados por cámaras de seguridad sean considerados como pruebas por la Justicia.
Mientras que recordó que otro reclamo de los foros es la medida que ya está en vigencia sobre el registro de autopartes usadas.
Por otra parte, el reemplazante de Stornelli, quien concentraba no sólo la compra de patrulleros, sino además el mantenimiento de las unidades de toda la provincia, remarcó que el próximo paso será la descentralización para tener los móviles en buen estado.
De esta manera los municipios no sólo comprarán las unidades como lo determinó Scioli la última semana, en el marco del programa “Municipios seguros”, sino que además el gobierno bonaerense le entregará los fondos para que cada intendencia mantenga los patrulleros en condiciones.
En este sentido, el mandatario local firmó un convenio por una suma cercana al 1,5 millones de pesos para la compra de nuevas unidades policiales, 10 automóviles y 9 camionetas 4x4.
El dinero llega con recomendaciones de gastos, las cuales remarcan que para los autos no deberían superar los 55 mil pesos por unidad, mientras que 85 mil es el tope para las camionetas.
Según señalaron desde el gobierno local, los precios recomendados son casi inexistentes, por lo que el intendente Humberto Zúccaro propondrá al jefe Departamental, Gustavo Reale, que gestione la posibilidad de que los cuatros municipios que englobar su mandato policial de la región, Pilar, Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel, compren en forma conjunta los móviles policiales para conseguir un mejor precio por cantidad.
Cambios
Tendría una sola modificación la ley de menores
El texto que devolvió el Ejecutivo al Honorable Concejo Deliberante (HCD) sobre la ordenanza que rige las multas para los padres de los chicos que sean encontrados en la vía pública alcoholizados o provoquen disturbios, tendría una sola modificación.
La variable remarcada desde el Municipio es sólo el lugar de traslado de los menores, por una cuestión jurídica desde lo administrativo.
Pero la ordenanza que ya se promulgó de hecho al pasarse los diez días hábiles sin recibir veto alguno, deberá pasar por el HCD y será el cuerpo legislativo quien acepte o no la recomendación del Ejecutivo. Por esa razón, será trabajo del bloque oficialista intentar consensuar con los opositores.
La variante deja en claro que los menores que se encuentren alcoholizados deberán ser trasladados al centro de salud más cercano. Pero todavía no está definido cuál será el lugar al que trasladarán a aquellos que sean retenidos por provocar desmanes en la vía pública y el lugar deberán definirlo los concejales.
En ese sentido la titular del bloque del Frente para la Victoria, Liliana Alfaya, aseguró que buscarán consensuar lo más rápido posible para que la normativa sea aplicada rápidamente y en forma correcta desde lo legal.
En tanto, ante la demora de la puesta en marcha del sistema, Alfaya remarcó: “hay cosas que no se dicen por distintos motivos, pero que todos tenemos derecho a saber y estar informados sobre ello y es que la ley provincial vigente le da facultades a la policía de poder controlar el ingreso de menores a los boliches y la venta de alcohol adentro de los mismos”.
