Marcha en La Plata por el crimen de Sofía Fernández

Sofía era una mujer trans que fue torturada y asesinada el pasado 10 de abril luego de haber sido detenida y trasladada a la comisaría Pilar 5º. La autopsia determinó que la víctima murió por asfixia traumática antecedida de tortura, con signos de posible abuso sexual, de la cual formaron parte dos o más personas. Esto llevó inicialmente a la detención de diez policías, de los cuales nueve ya se encuentran en libertad por decisión del juez Walter Saettone, en la causa radicada en el Juzgado de Garantías Nº7 de Pilar.

Según indicaron los allegados a la víctima "el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso (designado por Axel Kicillof) no sólo asumió la defensa jurídica, técnica e institucional de los diez acusados sino que también aportó peritos especialistas en la defensa, perdiendo todo carácter de objetividad".

Sobre esto, recordaron que "la asistencia jurídica en el caso de las fuerzas federales está vetada" mediante la Resolución Nacional 477/2023, normativa que dispone que “las Direcciones de Asuntos Jurídicos y/o Divisiones Legales y/o equivalentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales no brindarán asistencia jurídica a los agentes y/o funcionarios de esas fuerzas federales de seguridad que resulten judicialmente acusados por graves violaciones a los Derechos Humanos".

Por este motivo, familiares y organizaciones que exigen justicia por el travesticidio de Sofia Fernandez instan a que el Ministerio de Seguridad deje de asistir a los acusados.