Nueve de los diez policías imputados en la causa por el crimen de Sofía Fernández, una mujer trans asesinada hace un año en la comisaría 5ª de Presidente Derqui, fueron beneficiados en las últimas horas el arresto domiciliario.
El juez otorgó la medida a 9 de los 10 detenidos. Hubo una movilización al juzgado en contra de la decisión. La hermana de la víctima denunció amenazas.
MARCHA. Allegados a Sofía Fernández reclamaron cárcel para los acusados.
Nueve de los diez policías imputados en la causa por el crimen de Sofía Fernández, una mujer trans asesinada hace un año en la comisaría 5ª de Presidente Derqui, fueron beneficiados en las últimas horas el arresto domiciliario.
La medida fue decidida por el juez de garantías de Pilar, Walter Saettone, en tanto que el abogado de la familia de la víctima, Ignacio Fernández Camillo, confirmó que apelará la decisión y pedirá el cambio de calificación al entender que se trata de un hecho de tortura seguida de muerte.
Este viernes, familiares y amigos de Sofía Fernández, marcharon junto a organizaciones transfeministas a las puertas del Juzgado de Garantías Nº7 de Pilar para pedir cadena perpetua y prisión afectiva para los policías acusados por el crimen.
Allí se encontraron con la confirmación de la domiciliaria para los imputados, que hasta ese momento era solo un rumor.
“Me reuní con el juez Saettone y lamentablemente le dio la noticia que nunca esperaba: ha dejado a nueve de los imputados libres con domiciliaria, no teniendo ninguna seguridad de lo que a mí o cualquiera de los integrantes de mi familia nos podría pasar”, le dijo a El Diario Sandra Fernández, hermana de la víctima, en la puerta del juzgado.
Según Fernández, la explicación que le dio juez para haber tomado esa decisión fue “que la constitución así lo marca, porque no son culpables hasta que se demuestre lo contrario”.
Fernández contó que “hace un par de meses, cuando empezamos a movilizarnos, hubo persecuciones policiales” contra ella y otros familiares.
“Si me llegara a pasar algo a mí o a cualquier integrante de mi familia, el único responsable va a ser el señor juez Walter Saettone”, sostuvo.
El reclamo se realizó dos días después de que allegados a los policías detenidos por el hecho marcharan al mismo lugar exigiendo la revisión de la causa y pronta liberación de los efectivos.
En total son 10 los policías detenidos, cinco acusados de homicidio triplemente calificado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrados por miembros integrantes de la fuerza policial. Son: Carlos Rodríguez, Yésica Isabel Núñez, Viviana Ruiz, Gonzalo Germán Robles y Ezequiel Francisco Ávalos Ibáñez.
En tanto, los otros cinco fueron arrestados por encubrimiento calificado por resultar el hecho precedente especialmente grave y por ser perpetrado por miembros integrantes de la fuerza policial, es decir, por no haber informado lo sucedido y por haber adulterado pruebas y documentos públicos. Son Daniel Eduardo Salerni (quien en ese entonces era el jefe de la dependencia), Miriam Valor, Gabriela Miño, Camila Pitulak y Gustavo Gabriel Camacho.
Sofía Fernández tenía 38 años, era docente de Literatura y estaba por comenzar la carrera de Enfermería. Tras haber sido detenida, su cuerpo sin vida apareció en una celda de la comisaría 5º, ubicada a metros del cruce de acceso a Presidente Derqui.
Su muerte fue reportada por la policía dos días después del arresto y se aseguró que el deceso se debió a una “muerte súbita”.
Sin embargo, la autopsia demostró que en realidad la muerte se produjo por “asfixia traumática por obstrucción de la vía aérea”, ya que Sofía murió ahogada por trozos de colchón y su propia ropa interior. Al mismo tiempo, fue sujetada y golpeada por tres o más personas y no se descarta que también haya sido abusada sexualmente.