En la fiesta desarrollada en Costa Salguero fallecieron cinco jóvenes, entre ellos un pilarense. Todavía no se realizó el juicio contra diez acusados.
Este miércoles se cumplen diez años se cumplen del casoTime Warp, la tragedia en la que cinco jóvenes -entre ellos un pilarense- murieron en una fiesta electrónica en Costa Salguero. Aún se aguarda que comience el juicio para diez acusados por lo ocurrido aquella noche.
Las víctimas fueron identificadas como Francisco Bertotti (21), de Pilar; Nicolás Becerra (25 años), oriundo de Córdoba; Bruno Boni (20), de Berazategui; Andrés Valdez (23), de Entre Ríos; y Martín Bazzano (22 años), de Uruguay.
Aquella noche del 15 de abril de 2016, madrugada del 16, decenas de ambulancias y el rostro de angustia y confusión de los participantes invadieron el escenario ante el panorama desolador de fallecidos y varios jóvenes que estuvieron internados en terapia intensiva.
Desde un comienzo se lograron observar diversas irregularidades: espacios desbordados, dealers y falta de agua en los baños. Pese a las inconsistencias, la fiesta se desarrolló sin inconvenientes hasta que todo cambió cuando varios de los asistentes comenzaron a desvanecerse.
Dos de los jóvenes fallecieron dentro del boliche, otro en la ambulancia mientras era trasladado al hospital, y las otras dos personas fallecieron en el centro de salud. Además, hubo asistentes que estuvieron internados en grave estado durante varios días y otros que fueron asistidos en el lugar.
Antes de que se dieran a conocer los resultados de las autopsias, el jefe del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que los jóvenes murieron en “forma fulminante" y que presentaban temperaturas corporales superiores a los 40 grados.
Las necropsias determinaron que las muertes se produjeron por edema pulmonar y paro cardiorrespiratorio, mientras que las pericias toxicológicas revelaron que habían consumido MDMA (éxtasis), metanfetaminas y PMMA, conocida como Superman. Todas son denominadas drogas sintéticas.
En su momento, para los fiscales Federico Delgado y el juez federal Sebastián Casanello, la fiesta fue organizada con el fin de vender drogas de esta índole y que los asistentes compren agua de manera “descontrolada”.
“Quien consume éxtasis necesita tomar agua, y las canillas habían sido cerradas, la única manera de hidratarse era comprando botellas, que iba aumentando de precio a medida que transcurría la noche”, explicaron.
Se comprobó además que la capacidad fue superior a la permitida de 13 mil personas. En dicha fiesta hubo más de 18 mil.
Una de las sorpresas que tiene esta investigación es que desde hace cuatro años la jueza federal María Eugenia Capuchetti dio por concluida la pesquisa, pero el juicio contra diez acusados pareciera lejos de empezar.
Los acusados que en algún momento llegarán a debate son Adrián Conci, presidente de una productora y cuya empresa organizó la fiesta electrónica. Se suman también sus empleados Maximiliano Ávila, Carlos Garat, Carlos Penise y Martín Gontad.
A la lista se incorpora a su vez el gerente operativo de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad, Claudio Alberto Iacobaccio; el coordinador Fernán García Vázquez, y los inspectores Pablo Germán Fontanellas, Gustavo Alberto Herms y Néstor Ricardo Cella.
En enero de 2026 se conoció que Pablo Luis Santos renunció como titular del RENAPER y el Gobierno asignó a Diego Pérez Lorgueilleux, un ex funcionario porteño que estuvo investigado en la causa debido a que en 2016 era director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires.
Años atrás, Mónica Domínguez, la madre de Francisco, afirmaba a El Diario que “ensucian el nombre de chicos que hasta el día de hoy no se sabe con exactitud de qué murieron, ya que la Morgue Judicial -donde se realizan las pericias toxicológicas- está denunciada, entre otras causas, por la vergüenza con la que se vienen realizando las pericias, sin personal capacitado y sin la maquinaria necesaria”.
Domínguez explicaba que “uno de los informes de mi hijo habla de una toxicidad en su cuerpo del 0,02%... Cualquiera de nosotros en este momento superaría esa cifra, y obviamente nadie puede morir por eso”.
En este sentido, la familia siempre apuntó contra la organización y el personal que asistió a Francisco, según ellos, sin la mínima preparación necesaria, ya que le habría inyectado un antipsicótico.
“Mi hijo –señaló- estaba en un galpón donde la temperatura superaba los 42°C, en un lugar ‘preparado’ para 10.000 personas y está comprobado que había 20.000, no había ambulancias ni médicos. Cuando llegó a la carpa de auxilio, la persona que lo asistió sólo tenía un curso hecho y trabajaba en un neuropsiquiátrico, por eso le inyectó el antipsicótico”.
En este tema, agregó que “hay testigos que cuentan que no se podía caminar de la cantidad de gente que había, que para ir del escenario afuera se tardaban 2 horas, por eso y mucho más el lugar se convirtió en una trampa mortal”.
Y añadió: “Mienten también con los horarios, ya que Francisco se descompuso a las 4.30 y según ellos ingresa 6.30 a la carpa para ser asistido ¿Cuánto tiempo tirado descompuesto estuvo mi hijo hasta que alguien le dio una mano? No había agua, era una trampa mortal de la cual mi hijo no pudo escapar”.
(Fuentes: archivo El Diario / Noticias Argentinas)