Por Dr. Adrián Maciel*
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En los últimos días fueron dados a conocer los resultados de las pruebas Aprender, un dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de información acerca de algunas condiciones en las que ellos se desarrollan. Los mismos arrojaron que solo 53 de cada 100 alumnos terminan a tiempo la escolaridad obligatoria.
Asimismo –más allá de las diferencias que se presentan en las distintas provincias- a nivel país de cada 100 estudiantes que empiezan la primaria solo 53 llega al último año y apenas 10 logran niveles satisfactorios de aprendizaje en lengua y matemática.
A nivel local los números no son más alentadores. Desde la fundación Cartoneros que brinda apoyo escolar en Pilar a 150 hijos de trabajadores del rubro de entre 6 y 19 años, advierten que tras la pandemia, que provocó el alejamiento de muchos niños y jóvenes de los establecimientos educativos, el 50% de los chicos que asiste a los talleres no sabe leer ni escribir.
Los preocupantes números obligaron al Ministerio de Educación de la Nación a poner manos a la obra a través de una serie de cambios que se implementaron en el régimen académico, en los sistemas de evaluación, las asistencias, las formas de promoción y en los programas curriculares.
Pero también obligan a poner el foco en el cumplimiento de los días de clases establecidos en el calendario del ciclo lectivo. No hay proceso educativo que pueda forjarse sin continuidad y sin el tiempo estipulado para su desarrollo.
En este sentido, días atrás el diputado nacional y presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, junto a su par Alejandro Finocchiaro presentaron un proyecto de ley de “Continuidad del aprendizaje y derechos que protege la escuela” cuyo objetivo primordial es que la educación sea declarada Servicio Público Estratégico Esencial.
Necesitamos garantizar que nuestros chicos y chicas no pierdan días de clases y que se establezcan guardias que nos aseguren que, incluso en jornadas de paro docente, los estudiantes podrán seguir asistiendo a los establecimientos para continuar con su proceso educativo.
Ante la eventual ausencia de docentes y la consecuente dificultad para el dictado de materias curriculares, estas jornadas podrían ser bien aprovechadas para el desarrollo de aquellas capacitaciones que promovemos desde el Concejo Deliberante de Pilar en gran parte de nuestras ordenanzas, tales como seguridad vial, educación sexual, medio ambiente, políticas de género, sólo por citar algunos ejemplos.
Contar con 190 días de clases es un derecho al que ningún alumno debería renunciar. Un olvidable 2020 con escuelas cerradas –mientras en la quinta de Olivos se organizaban festejos clandestinos- debería de habernos dejado una lección irrenunciable: los chicos en las aulas, siempre.
Y con este propósito nos sumamos a la campaña de recolección de firmas desplegada en todo el distrito en pos de este objetivo.
Es importante contar con el apoyo de todos para que la educación vuelva a ser el pilar fundamental que nos permita construir un país mejor.
*Abogado, concejal de Pilar.