El gobierno de Mauricio Macri, comenzó a flexibilizar el trabajo por uno de los sectores más vulnerables: los jóvenes, universo que tiene altas cifras de precariedad que rozan el 50%.
El pasado mes de mayo, el Gobierno nacional anunció con bombos y platillos un convenio firmado con la empresa multinacional de comidas rápidas Mc Donald’s en el marco de un programa de primer empleo. Mediante este acuerdo, la empresa se comprometía a tomar a 5.000 jóvenes de entre 18 y 23 años por 6 horas diarias con un ingreso de $4.500, de los cuales $1.000 pondría el Estado. Es decir que en un año, el Estado transferiría recursos (o subsidiaría) por alrededor de 60 millones de pesos a la empresa para contratar mano de obra barata, un 35% por debajo del salario mínimo para seis horas.
Pero esto no es todo. Pasados esos meses de práctica, la empresa podría terminar la relación laboral sin ningún tipo de compromiso y volver a tomar a otros, teniendo constantemente precarizados a una buena parte de sus trabajadores para aumentar ganancias. Además, el acuerdo facultaba a Mc Donald’s a no pagar cargas sociales, aguinaldos ni otorgar recibos de sueldo.
Esta política, profundiza y legitima la precarización que sufren los jóvenes en particular y los trabajadores en general.
Afortunadamente, hace unos días un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló el convenio porque pone en riesgo los "derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad” y viola "el derecho internacional y la propia Constitución Nacional”.
Pero en este juego de ensayo y error, marcha y contra marcha, con el que parece gobernar la alianza Cambiemos, éste no será su último intento. Su política de empleo se basa en flexibilizar y bajar aportes patronales. Por eso, es necesario para nosotros señalar que éste no es el camino correcto, que en cambio, se podrían usar esas transferencias de ingresos para fomentar el empleo genuino en empresas nacionales productivas, por un sueldo igual o superior al mínimo, vital y móvil.
Así como es necesario que el Gobierno cuente con el acompañamiento de la oposición en aquellas cuestiones estratégicas para nuestro país, también es nuestra obligación alzar la voz frente a estos intentos de vulnerar los derechos de los más humildes para maximizar ganancias que luego, una buena parte, salen del país.
Le pedimos al Gobierno nacional, y a su representante local, el intendente Ducoté, que empiecen a patear también para el lado de los más vulnerables. Un modelo que solo ajusta en los de abajo no es viable y solo se sostiene con represión, como hemos padecido en nuestro propio distrito. Estoy seguro que eso no es lo que votó la mayoría de los argentinos.
*Responsable Educación, Juventud y Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo Del Pilar.
