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Peaje: la Defensoría de Nación hará un seguimiento” al Estado

Es para asegurar que las obras de la autopista Pilar-Pergamino se reanuden. Señalan el mal estado de la ruta. Polémica por un resarcimiento millonario para la concesionaria.
29 de junio de 2010 - 00:00

 

El tramo de Pilar de la autopista a Pergamino es el único que está completo.

 

 

La rescisión del contrato entre el Estado y la empresa Corredor Americano, concesionaria de la autopista Pilar-Pergamino, fue tomada con satisfacción por la Defensoría del Pueblo de la Nación, institución que había recomendado la medida. No obstante, desde la Defensoría aseguraron a El Diario que el caso permanece abierto, en especial por el pedido de mejoras en la infraestructura.

Mariana Grosso, jefa del Área de Servicios Públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, explicó que “la única respuesta que recibimos es la aparecida en el boletín oficial, ya que no hubo una contestación oficial a la recomendación que nosotros mandamos”.

Grosso indicó que “la rescisión estaba incluida en los términos que nosotros recomendamos, pero ahora vamos a seguir trabajando para ver cómo evoluciona todo esto, porque en principio es el Estado quien se hará cargo de esta ruta, por eso queremos hacer un seguimiento”.

En este sentido, adelantó que en la Defensoría de la Nación “seguiremos insistiendo, sobre todo por el estado en que todavía se encuentra la ruta, causal de los accidentes que se producen”. Y agregó: “La idea es tener continuidad en nuestra investigación; en principio ya es un logro que el contrato se haya rescindido, pero nosotros vamos a seguir adelante con todo esto. La actuación nuestra no se cierra”.

La mujer se refirió así al pedido remitido al Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), que expresaba: “Ante el incumplimiento de la empresa Caminos de América en la realización de obras correspondientes a la primera, segunda y tercera etapa del contrato de concesión, el Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, recomendó al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la rescisión del contrato de concesión”.

Asimismo, indicaron que “actualmente, las nuevas obras se encuentran paralizadas y los plazos estipulados por el contrato indican inequívocamente que no existe tiempo material para concluir no sólo la tercera etapa, sino tampoco las anteriores inconclusas.  Así las cosas, todos los usuarios que transitan la ruta Nacional 8 deben abonar una tarifa de peaje sin contraprestación alguna”.

Por otra parte, el Ombudsman recomendó en su momento que “no debe dejar de resaltarse que los incumplimientos de las obras, en todas sus expresiones (esto es, la precariedad, la falta de terminación y mantenimiento, y/o el abandono de las mismas), afectan directamente la seguridad de los ciudadanos”.

Por último, la Defensoría señala en su recomendación al Ministerio de Planificación Federal que “el Estado, por acción u omisión, estaría permitiendo a la concesionaria el abandono de las obras, el incumplimiento de sus obligaciones y el cobro de los peajes sin las contraprestaciones previstas por el contrato”, lo que fundamenta el pedido de rescisión.

 

Polémica

El Gobierno le daría 150 millones a la empresa

En las últimas horas, la rescisión del contrato de la obra de la autopista Pilar-Pergamino trajo aparejada una polémica: el pago de un resarcimiento millonario al grupo Eurnekián (cabeza de la empresa concesionaria).

Las causas de la interrupción del contrato fueron la paralización de las obras y la imposibilidad de que los trabajos puedan llegar a ser concluidos de acuerdo a lo estipulado. Pero, a pesar de que el proyecto nunca se cumplió y se cobra un peaje de $4,50 por un puñado de kilómetros, la empresa recibiría del gobierno un resarcimiento de 150 millones de pesos, según trascendió en Vialidad Nacional.

El contrato para la autopista fue a favor de Corporación América y Helport, quienes tenían que construir 180 kilómetros en 6 años, algo que nunca se cumplió. Ahora, las rescisiones de esos contratos se aprobarían en los próximos 60 días, a partir de un mutuo acuerdo entre las partes.

 

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