En el lugar se eliminarían las cabinas para instalar un sistema de pago automático sin barreras. Se reúnen este domingo en la autopista Pilar-Pergamino.
Los vecinos del peaje Larena siguen con su reclamo por las colectoras.
Protagonistas de una lucha que ya lleva casi 20 años, los vecinos de la zona del peaje Larena -perteneciente a la autopista Pilar-Pergamino-, volverán a reunirse, esta vez para reclamar por la intención del Gobierno nacional de quitar las cabinas e instalar un sistema de cobro sin barreras.
Dicho método ya se utiliza en algunos puntos específicos, como la autopista Illia en el acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, además del histórico reclamo de los habitantes de Pilar y Exaltación de la Cruz para que se habiliten colectoras se suma la incertidumbre de los empleados, quienes ven peligrar sus puestos de trabajo.
Los vecinos autoconvocados mantendrán una asamblea este domingo desde las 17, a metros de las cabinas de peaje. Están invitados todos los vecinos de los distritos mencionados y Partidos aledaños. Tal como pudo averiguar El Diario, la reunión tendrá como intención definir acciones futuras e insistir con darle visibilidad a un conflicto de larga data.
Según trascendió, en los últimos días comenzaron los trabajos en la zona de las cabinas de peaje, con la intención de avanzar en la modalidad del cobro sin barreras. Ante esta situación, los vecinos nuevamente entraron en alerta, debido a que con ese sistema ya no se podría invocar la cercanía a los trabajadores del peaje a la hora de acercarse a las cabinas, con la intención de que se levanten las barreras y no abonar (que ya cuesta $1.200).
Además, la medida implicaría la pérdida de puestos de trabajo para quienes se desempeñan en las cabinas.
Intervenida
El nuevo frente de conflicto se abrió casi al mismo tiempo que el Gobierno nacional dispuso la intervención de Corredores Viales S.A, la empresa estatal encargada de la gestión de la autopista Pilar-Pergamino.
La medida fue formalizada este jueves en el Boletín Oficial a través del decreto 224, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y se da un mes después de que se autorizara el proceso de privatización de las rutas nacionales.
Las autoridades explicaron que el proceso de reorganización al que será sometida la compañía será el paso intermedio hacia su privatización. Así, se estableció que la empresa -que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía- pasó a estar a cargo de la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem.