La Justicia decidió hacer lugar a la medida cautelar que había sido solicitada tras el Decreto 116/2025 - que buscaba transformar al Banco Nación en una Sociedad Anónima - y suspendió los efectos de dicha medida. El fallo fue firmado por el juez Alejo Ramos Padilla e interrumpió las modificaciones por el plazo de al menos seis meses.
Anteriormente se había dispuesto una medida cautelar interina tras un planteo de la Asociación Bancaria, el gremio que reúne a los empleados del sector y que es encabezado por Sergio Palazzo.
La Justicia frenó el decreto que buscaba transformar al Banco Nación
En el fallo, el magistrado consideró que cualquier modificación en la estructura jurídica del Banco Nación debe realizarse en el Congreso, ya que se trata de una entidad autárquica que fue creada a través de una ley. De esta manera detalló: "El Banco de la Nación Argentina es una entidad cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es este poder el único que puede revocar su carácter".
El conflicto judicial inició en junio de 2024, cuando un grupo de actores, entre ellos el Sindicato Asociación Bancaria, presentó una demanda para declarar la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución 348 del Directorio del Banco Nación y del Decreto 70/2023. La misma buscaba disponer una posible privatización de la entidad.
Durante el último año, la entidad rompió un récord anual en créditos ya que cerró el 2024 con desembolsos a empresas y familias por más de u$s15 mil millones, y aumentó la participación en préstamos totales de todo el sistema financiero argentino del 11,4 al 17,6%.
En el comunicado de enero, el Banco Nación informó haber cerrado "su balance especial de transformación al 31/12/2024" y aseguró que "la nueva Sociedad Anónima tendrá activos por $48 billones, depósitos y otras obligaciones por $ 33 billones. En tanto, el Patrimonio Neto (PN) de la SA ascendería a $ 15 billones".
Inicialmente, el proyecto original de ley Bases enviado al Congreso por Milei incluía al BNA dentro del listado de empresas a transformar y, eventualmente, privatizar. Sin embargo, durante la discusión en el Congreso quedó excluido, de igual manera que ocurrió con Aerolíneas Argentinas e YPF.