Son autos y camionetas que fueron incautados por la Justicia. Sus dueños tienen 15 días para comparecer o pagar la multa. Si no, serán subastados o compactados.
Los vehículos que no se retiren en un plazo de 15 días del depósito municipal serán compactados o subastados.
Esta semana, los Juzgados de Faltas Nº1 y Nº2 de Pilar emplazaron a los propietarios de alrededor de 60 vehículos que actualmente se encuentran incautados para que se apersonen y resuelvan sus diversas situaciones, ante el riesgo de que terminen siendo subastados o incluso compactados.
De acuerdo a los edictos emitidos por la Justicia y publicados por El Diario, son un total de 60 rodados, entre automóviles y camionetas de diversas marcas, tamaños y modelos.
Sus titulares tienen 15 días corridos desde la publicación para comparecer y hacer valer sus derechos, o bien abonar la multa correspondiente (junto a tasas de traslado y guarda) y retirarlos.
Si esto no ocurre, vencido el plazo –es decir, a principios de agosto- se los considerará “abandonados”, pudiendo ser subastados e incluso compactados, tal como lo marca la ley vigente.
Convenio
Cabe recordar que, desde mediados del año pasado, la provincia de Buenos Aires suscribió un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación para la adhesión de la Provincia al Programa Nacional de Descontaminación y Compactación (PRODECO) de vehículos.
El objetivo de dicho programa es brindar una respuesta a la problemática social y ambiental que genera la acumulación de rodados abandonados o secuestrados por las fuerzas de seguridad.
Así, se promueve la descontaminación, compactación y disposición final de una gran cantidad de vehículos que no fueron retirados por sus propietarios.
En ese entonces se habló de un “círculo virtuoso” debido a que, además de reducir el daño ambiental, se generan insumos económicos y de reciclado para potenciar acciones sociales de organizaciones sin fines de lucro.
Pilar
En cuanto al caso de Pilar, en mayo de 2020 el Municipio realizó la compactación de vehículos secuestrados en el playón ubicado sobre la calle Manuel Argerich. Algo similar ocurrió en 2022 y a mediados del año pasado.
La venta de la chatarra derivada de la compactación de motos, camionetas y automóviles es parte de la recaudación y el erario público, luego utilizado con varios fines. Por ejemplo, en aquel 2020 oportunidad lo recaudado se utilizó para mejoras de infraestructura y mayores insumos para dar la pelea contra el coronavirus.