La Cámara de Senadores debatirá un proyecto del Gobierno que reduce a 10 días el plazo para desalojar inquilinos con deudas, entre otros cambios importantes.
La Cámara de Senadores debatirá un proyecto del Gobierno que reduce a 10 días el plazo para desalojar inquilinos con deudas, entre otros cambios importantes.
La Cámara de Senadores debatirá el próximo jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone acelerar los desalojos de inquilinos que incumplan con el pago del alquiler y avanzar con modificaciones en el régimen de tierras rurales y ambientales.
La propuesta fue elaborada bajo la supervisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y cuenta con el respaldo del bloque de La Libertad Avanza (LLA), que buscará darle media sanción en la cámara Alta.
Uno de los puntos centrales del proyecto establece que el propietario de una vivienda podrá exigir la desocupación del inmueble luego de 10 días de haber notificado la falta de pago del alquiler. Actualmente, la normativa vigente contempla un plazo mucho más amplio, ya que el proceso puede iniciarse tras dos meses consecutivos de deuda. La propuesta original del Gobierno preveía reducir ese período a apenas 3 días, aunque durante las negociaciones legislativas se amplió a diez para facilitar consensos.
Durante las negociaciones parlamentarias también se modificó uno de los artículos vinculados a los barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Tras planteos de organizaciones sociales y de la Iglesia, se eliminó la posibilidad de aplicar desalojos bajo este régimen, dejando esa discusión para una instancia futura.
El debate se da en un contexto complejo para el mercado de alquileres. Según datos difundidos por la organización Inquilinos Agrupados, el 70% de las personas que alquilan se encuentra endeudada y destina más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda.
La misma iniciativa prevé otros puntos clave: por un lado propone eliminar los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras y, por otro, incluye un capítulo referido a la Ley de Manejo del Fuego.
En el primer caso, sin embargo, tras conversaciones con gobernadores y senadores de distintas provincias se incorporó una cláusula que establece que cualquier operación de este tipo deberá contar con la aprobación de la autoridad provincial correspondiente.
Respecto del segundo, el proyecto elimina las restricciones que actualmente impiden vender o modificar el uso de terrenos afectados por incendios. La normativa vigente, sancionada en 2020, estableció prohibiciones de hasta 30 años para tierras agrícolas y de 60 años para bosques nativos con el objetivo de evitar maniobras especulativas tras incendios intencionales.
En el Gobierno sostienen que esas limitaciones afectan el derecho de propiedad y consideran excesivos los plazos establecidos por la ley actual. Con respaldo de sectores aliados y gobernadores provinciales, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para avanzar con la media sanción del proyecto.