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SUSCRIBITE La Cámara Federal de San Martín confirmó en las últimas horas el procesamiento de Juan Carlos Linares, dueño de la ex Clínica San Carlos y titular de la empresa Salutis S.A., y del subdirector médico de la entidad, Alberto Pablo Lauría, por la muerte de 23 personas y el contagio de otros 54 pacientes durante los inicios de la pandemia de COVID-19, en 2020.
Cabe recordar que, por aquellos días, se conocieron al menos dos fallecimientos de vecinos pilarenses: un conocido vecino de Del Viso de 84 años y un derquino de 86. En ambos casos, sus familias habían reclamado por la deficiente atención que encontraron en el lugar y la escasez de información durante la internación y una vez producidos los decesos.
En cuanto a la causa, las autoridades del centro médico -luego expropiado por el municipio de Escobar- habían sido procesadas originalmente por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien los imputó por los delitos de “propagación dolosa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia -ambos agravados por su profesión de médico-, homicidio culposo agravado por haber resultado más de dos víctimas fatales, delito de abandono de persona con resultado de grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima y abandono de persona con resultado de muerte”.
La clínica privada San Carlos, ubicada en la localidad de Maquinista Savio a la vera de la ruta 26 y a pocos metros del límite con Pilar, prestaba atención a unas 22 mil personas, en su mayoría adultos mayores provenientes de PAMI. Debido a las falencias durante los primeros meses de la pandemia, en mayo de 2020 fue intervenida por el Municipio de Escobar con el apoyo del Gobierno nacional, debido a un brote de contagios que se cobró más de 20 vidas, sumado a las denuncias por irregularidades en los protocolos sanitarios.
Las quejas incluían la difusión de videos que mostraban las penosas condiciones en las que estaban los pacientes allí internados, lo que motivó la expropiación. Luego de dicha decisión, el lugar es manejado por el Estado y cambió su nombre por el de Hospital Néstor Kirchner.