En las últimas horas, la noticia de la puesta en venta del edificio de la antigua carnicería El Águila despertó gran repercusión entre los vecinos de Pilar, ante la posibilidad de que otra pieza del patrimonio histórico local pueda llegar a perderse.
Su conservación dependería de al menos uno de estos dos factores: la buena voluntad del hipotético comprador, o bien una determinada acción desde el Estado que impida algún tipo de cambio en la fachada del local de Rivadavia entre Fermín Gamboa y Moreno. En este sentido, en los últimos años han sido varias las movidas para “salvar” determinados sitios del distrito, incluyendo la sanción de una ordenanza que no se cumplió en su totalidad (ver más adelante).
“Por su arquitectura, sería bueno poner en valor el inmueble”, opinó Laura Serrano, de la inmobiliaria Serra-Ferreccio, a cargo de la venta. Pero para que eso esté asegurado “podría comprarlo el Estado. Si lo compra alguien de otro lado no va a tener ese sentimiento o la intención de poner en valor lo patrimonial. Quien viene de otros lugares es más frío…”.
La mujer agregó que “me da pena cuando desaparecen las casas lindas de Pilar, pero esta propiedad en particular es muy emblemática”. Por lo pronto, si bien no difundió el precio de venta, sí adelantó que “es difícil que se pueda conservar la fachada para construir otra cosa, salvo que sea alguien muy ingenioso. A veces pasa en los emprendimientos”.
En tanto, Serrano admitió que “los que consultaron hasta ahora fueron para elevar y construir alguna torre no muy alta, de unos cinco pisos”, deseando que “ojalá que el que compre el lugar conserve este patrimonio”.
Normativa
En Pilar existe una normativa dedicada a estas cuestiones: la ordenanza 37/14. En su texto, afirma que “resulta necesario preservar y proteger mediante distintos niveles de intervención los edificios y situaciones urbanas singulares, de valor arquitectónico, histórico, y/o ambiental, que constituyen elementos que caracterizan el tejido de áreas históricas y otorgan significado al entorno donde se encuentran”.
Para ello, identifica cuatro criterios o valores en los cuales basarse: Tipológico; Estético-Arquitectónico; Urbano-Ambiental e Histórico-social y Documentario-Testimonial. Según la ordenanza, el Municipio es el encargado de confeccionar un registro de edificios y situaciones urbanas que puedan ser consideradas parte del patrimonio cultural, velando además por su protección.
“La ordenanza no se cumplió en su totalidad”, expresó a El Diario su autor, el exconcejal Gustavo Trindade, quien agregó que “si bien sirve como ley marco, no se llevó a cabo el relevamiento y puesta en valor de los edificios”.
Por esto, en los últimos años desde el HCD -apoyado por algunas organizaciones intermedias como la Junta de Estudios Históricos y vecinos comunes-, “fuimos protegiendo los que estaban en riesgo de demolición”.
Algunos de estos sitios, como la posta de Fátima o el almacén de ramos generales de Zelaya, lograron ser conservados. Algo similar ocurrió con la fachada del Instituto Almafuerte, incluso años antes, con una ordenanza de 2011 impulsada por el recordado Miguel Saric.
Otros lugares, en cambio, no corrieron la misma suerte: en 2017, la tradicional Galería Pilar Plaza -en la esquina de San Martín e Yrigoyen- cambió su fisonomía en forma drástica cuando el lugar fue adquirido por una tienda de capitales extranjeros.