El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires multó en $ 2.438.321 a la administración de dos countrys, uno de ellos es el exclusivo Martindale de Pilar, por “obstruir la labor de inspección y negarse a presentar la documentación respecto del ingreso de las trabajadoras de casas particulares en el lugar”.
Se trata de una campaña de inspecciones que el ministerio que conduce Mara Ruiz Malec viene realizando para atacar “los elevados niveles de informalidad y las vulneraciones a derechos laborales en esta actividad”.
Para eso, el Ministerio de Trabajo, “en ejercicio de su poder de policía”, requiere toda información de ingreso y egreso del personal a las urbanizaciones para luego cotejar la inscripción laboral de quienes ingresen regularmente y por un tiempo compatible con una jornada de trabajo.
Por esto, funcionarios del Ministerio visitaron los barrios privados en dos oportunidades, el 14 de octubre y el 17 de noviembre de 2021, solicitando las autorizaciones para el ingreso y egreso de trabajadoras a las viviendas durante los tres meses anteriores a la primera visita y ante las negativas a presentar los informes requeridos, se procedió a multar a las administraciones de los countrys de localidades de Pilar y Berazategui, cuyos datos no fueron difundidos.
Informalidad
Según el informe “Trabajadoras de Casas Particulares” elaborado por el Observatorio de Empleo de la Subsecretaría de Empleo realizado en febrero 2022, el 99% de las personas las que se desempeñan como trabajadores de casas particulares son mujeres.
En este sector se desarrollan laboralmente el dieciocho por ciento (18%) del total de asalariadas de la provincia y la enorme mayoría de ellas lo hace en la informalidad ya que más del 76% no se encuentran registradas en la seguridad social, el 74% no tiene Obra Social, el 72% no tiene cubiertos sus días por enfermedad, el 70% no cobra aguinaldo y el 69% no tiene vacaciones pagas.
El ingreso promedio de las trabajadoras de casa particulares está por debajo del salario mínimo vital y móvil ya que cubren aproximadamente el 20% de la canasta básica total y alrededor del 50% de la canasta básica alimentaria.
“Estas trabajadoras son de unos de los sectores más vulnerables, ya que la mitad de ellas viven en hogares que se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Pese a que tienen trabajo, son pobres. Garantizar su cobertura en la seguridad social y el ejercicio de todos sus derechos es prioridad de este gobierno”, aseguró Mara Ruiz Malec.
Además, la Ministra dijo “los montos por los cuales se las registran son poco significativos para muchos que las contratan, hablamos de $3.000 pesos por mes en los casos más caros. No hay excusa para no registrarlas, es una obligación y además existen muchas facilidades. El sueldo y el aporte se pueden descontar de ganancias, y el Estado le da parte del sueldo de la trabajadora, entre otros beneficios”, señaló.