El Honorable Concejo Deliberante (HCD) convirtió ayer en ordenanza el proyecto que obliga a las escuelas primarias, jardines de infantes y guarderías públicas y privadas a colocar cámaras de vigilancia internas.
El expediente lo presentó el concejal Daniel Liberé, que aseguró apunta a "prevenir malos tratos, abusos y acusaciones falsas”.
En tanto, también es ley la presentación del Interbloque del Partido Justicialista para extender y coordinar con todas las áreas del Municipio los corredores seguros en todo el distrito, con el fin de mejorar la seguridad en los ingresos y egresos de los alumnos.
La ordenanza de Liberé exige que la cámaras de video sean colocadas en todos los espacios comunes y que se instalen con servidores de almacenamiento y software con sistema analítico de video, cuyas imágenes solo podrán ser cedidas ante una orden judicial.
El mismo expediente aclara que el financiamiento, para las escuelas públicas debe ser por parte del Municipio y el dinero utilizado provenir del Fondo Educativo que le gira Nación, Mientras que las instituciones privadas, debe correr por su cuenta.
Estas últimas, tendrán 90 días para adecuarse, mientras que las públicas podrán hacerlo con la promulgación del presupuesto municipal del próximo año.
"Agradezco al todo el Cuerpo legislativo por el tratamiento en comisión y con esto somos pioneros en la Provincia dando prevención”, lanzó Liberé.
El otro expediente convertido en ordenanza, pertenece a la concejal Marcia González y pretende mejorar y extender los corredores seguros para los alumnos de las escuelas de todo el distrito.
Señala que la legislación vigente sobre el tema, la 37/11, es "insuficiente” y pide que se realice una coordinación general con todas las áreas del Municipio.
De esa manera, exige que no solo incluya la presencia de agentes de las fuerzas de seguridad, sino al mantenimiento de los espacios públicos. En ese sentido incluye luminarias, señalización, refugios de colectivos, mantenimiento de terrenos y baldíos que puedan tener pastos altos e incluso que se levanten automóviles abandonados de las calles que pueden terminar siendo factores de riesgo para los chicos y adolescentes.
90
días le da la nueva ordenanza a las escuelas privadas para adecuarse con las cámaras.
