Desde hace más de diez años, los colectivos comunales que circulen por Pilar deber contar con al menos dos unidades adaptadas con rampas y puertas especiales. Sin embargo, la medida nunca se aplicó y una gran cantidad de pasajeros con diversas necesidades siguen esperando.
En los últimos días, y a pedido de vecinos con capacidades diferentes, la Defensoría del Pueblo solicitó al Municipio través de una actuación que informe sobre el cumplimiento o no de la normativa vigente Ordenanza 130/2004, “sobre accesibilidad para personas con movilidad reducida, en los vehículos de transporte público de pasajeros”.
Su texto estipula “favorecer la progresiva integración de las personas con discapacidad facilitando su acceso a los vehículos de transporte público, por lo tanto en los pliegos de base y condiciones contarán en su flota no menos de 2 (dos) vehículos adaptados con puertas especiales y rampas, para el ascenso y descenso de las personas con capacidades diferentes, contemplando asientos y espacios reservados con carteles identificatorios. A las ofertas que revistan y superen esta modalidad, se le otorgará mayor puntaje en las mencionadas licitaciones”.
Como puede advertirse, dicha ordenanza fue sancionada hace nada menos que once años, pero jamás se instrumentó.
A su vez, en ese mismo 2004 la misma Defensoría pidió que las empresas comunales compraran una unidad adaptada cuando licitara el servicio, para que luego se fueran agregando a la flota de manera paulatina.
No obstante, en el Concejo Deliberante desecharon la propuesta argumentando que existía un proyecto similar presentado por la UMGE, aunque dicho proyecto, si fue presentado, nunca se puso en práctica.
Pedidos
El organismo le pidió así en los últimos días al titular de Transporte del Municipio, Silvio Rodríguez, documentación que acredite cuáles son las empresas comunales e intercomunales que cuentan con vehículos adaptados, y cuál es su frecuencia.
De la misma forma, solicitó a la Dirección General de Transporte de la Provincia, si cuenta con un registro de cuáles son las empresas intercomunales y nacionales que cumplen con la normativa y cuentan con recorrido en el Partido.
Además, con respecto a otras barreras arquitectónicas se indicó que “es obvio que la posibilidad de usar un medio de transporte, además de garantizar la accesibilidad a sus unidades, debe asegurar el desplazamiento de los usuarios por la vía pública hasta sus paradas”. En este sentido, “es de destacar que la inexistencia de accesibilidad de una u otra, desnaturalizan el criterio para el cual se conciben, como es la posibilidad de las personas con movilidad reducida para llevar una vida autónoma”.
El dato
En octubre de 2014, desde el HCD se habló de un proyecto para “modernizar” las unidades, sin mencionar su accesibilidad.
