La Defensoría del Pueblo de Buenos Aires recomendó al gobierno provincial que se elimine la obligación de pagar las infracciones de tránsito que no tengan sentencia firme en la Justicia a la hora de renovar la licencia de conducir.
En la actualidad, la ley establece que todos quienes tengan que iniciar el trámite de renovación del carnet deben obtener un certificado de libre deuda expedido por el Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT), que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros provincial.
Esa oficina, a su vez, plantea que es obligación de los juzgados comunicar al registro de antecedentes de tránsito, las sanciones y las declaraciones de rebeldía, por lo que las renovaciones están ligadas a la existencia de una sentencia firme en relación a estas situaciones.
Tras la recomendación de la Defensoría, la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de Jefatura de Gabinete bonaerense determinó que todos los municipios deben aplicar la medida que impide obstaculizar la renovación del registro de conducir si el ciudadano tiene infracciones constatadas o en trámite, sin sentencia firme.
