Los titulares de las Defensorías del Pueblo del país pidieron que se reconozca a la telefonía móvil como un servicio público, generando los mecanismos necesarios para que el Congreso nacional la declare como tal.
La temática fue la más importante de las que trataron los defensores del Pueblo del país durante el segundo plenario de la organización que los nuclea, y que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe, con la presencia del Ombudsman pilarense, Orlando Bargaglio.
Así, en este nuevo encuentro de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se pusieron de relieve los reclamos que reciben todas las defensorías y que muestran las innumerables deficiencias que experimenta el servicio de telefonía móvil en nuestro país.
Los defensores indicaron que la telefonía móvil “es un verdadero servicio público, ya que su prestación apunta a satisfacer necesidades públicas en forma continua, regular, uniforme y general, más allá de que su ejecución sea privada”. Por eso, indicaron que “es necesario limitar y establecer su regulación, registros y tarifas, con el fin de garantizar un régimen de protección al más débil”.
En este sentido, para que esta iniciativa tenga tratamiento en el Congreso nacional, los miembros de ADPRA proyectarán una serie de encuentros con legisladores de distintos puntos del país, con el objetivo de consensuar una normativa que apunte a normalizar las actuales deficiencias del servicio.
Disconformes
En 2012, el 24% de los reclamos de los usuarios ante la Defensoría del Pueblo de Pilar correspondieron a los servicios de telefonía. Por su parte, las empresas de telefonía reúnen casi el 50 % de los reclamos de acuerdo a las estadísticas anuales de la Dirección de Defensa del Consumidor.
Teniendo en cuenta los servicios de telefonía fija, telefonía móvil e Internet, en el área se han recibido unas 700 denuncias en 2012.
La queja más frecuente dentro de este rubro es el incumplimiento en la prestación del servicio (39%), mientras que un 26% está relacionado a la facturación, un 20% con la imposibilidad de concretar la baja y el 13% restante por incumplimientos contractuales o garantía del equipo.
Caso testigo
Los defensores tomaron como referencia el caso de La Plata, que durante el temporal e inundación a principios de abril sufrió la virtual interrupción de las comunicaciones por celular, “quedando claramente en evidencia la deficiencia en la prestación y la necesidad de encuadrar su funcionamiento en un marco que garantice a los usuarios el correcto funcionamiento del servicio”.