El gobierno nacional derogó este lunes una norma que obligaba a las escuelas privadas de todo el país a informar con anticipación el valor de sus cuotas a la secretaría de Comercio, se informó oficialmente.
La medida, que regía desde 2019, fue derogada junto a otras 60 normas de control comercial. Servía a los padres para prever los aumentos. Qué pasará con las cuotas.
El Ministerio de Capital Humano informó que alcanzará a quienes cobran actualmente el beneficio. No habrá modificaciones en los montos asignados.
El gobierno nacional derogó este lunes una norma que obligaba a las escuelas privadas de todo el país a informar con anticipación el valor de sus cuotas a la secretaría de Comercio, se informó oficialmente.
Fue en el marco de la derogación de unas 60 normas en materia comercial, con lo que el gobierno busca avanzar hacia la liberalización total de la actividad.
En el caso de la que regía para los colegios establecía que los establecimientos debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio.
“Que, entre los objetivos asignados a la citada Secretaría, se encuentra la implementación de políticas y marcos normativos necesarios para afianzar los derechos del consumidor, correspondiendo a su respecto la aplicación de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias” decía la norma derogada.
Añadía que “la relación entre escuelas privadas y educandos reviste características típicas de los contratos de adhesión, en los cuales el establecimiento dispone las condiciones generales a las que las alumnas y los alumnos se hallan sujetos”.
Cuotas
La medida libera la facultad de los colegios que no tienen subsidio del Estado provincial para fijar las cuotas. Los que reciben dinero de las arcas bonaerenses, sin embargo, deberán establecer los aumentos solo en la medida en la que les sean autorizados desde La Plata.
La norma derogada este lunes había sido utilizada este año por asociaciones padres de colegios de elite ante aumentos que consideraron abusivos y que cuestionaron justamente con el argumento de que no había sido informados en tiempo y forma.
De hecho, el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández había tenido que prorrogar la fecha límite para presentar la declaración jurada, atento a la dificultad para anticipar los costos en un contexto inflacionario.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Airees (AIPEBA) celebró la derogación de la norma, que calificó como “una medida burocrática y un trámite inútil que no aporta ningún beneficio al funcionamiento de las instituciones educativas”.
Según evalúan en AIEPBA, en los contextos inflacionarios como el que registra en los últimos años nuestro país “resultaba difícil de prever el monto anual de las matrículas y constituía una tarea engorrosa para los responsables administrativos de los colegios”.
El secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, confirmó que en la reunión los responsables de la repartición nacional se comprometieron a dejar sin efecto esa decisión que tiene 25 años de vigencia. “Los colegios tendrán que seguir notificando el valor de las cuotas y los costos del servicio a cada una de las jurisdicciones provinciales y a las familias, pero ya no deberán cumplir con ese trámite engorroso que todos los años exigía la Secretaría de Comercio de la Nación”, explicó Zurita.