Si la medida prospera, los nuevos countries cederán el 10% de su tierra.
A pesar del visto bueno que se escuchó en las últimas horas de la voz de algunos desarrolladores urbanísticos, desde la Federación Argentina de Clubes de Campo (FACC) insisten en calificar como “una locura” la iniciativa del gobierno bonaerense tendiente a que los countries y barrios privados que se construyan en el futuro deban ceder una porción de su tierra para ser destinada a la edificación de viviendas sociales.
Justamente en esos términos se pronunció el gerente de la FACC, Jorge Juliá, quien sostuvo que la visión de la entidad es compartida por empresarios del sector que observan con preocupación la posibilidad de que prospere la medida impulsada por el gobernador provincial Daniel Scioli.
“Es una locura. Es una injusticia y no tiene sentido que los countries y barrios privados deban hacer un aporte mayor que los barrios abiertos. Esto no le cae para nada bien a muchos desarrolladores urbanísticos a los que hemos consultado. No sé si puede tener validez jurídica, en definitiva la legislación actual (la ley 8912) ya prevé cesiones de espacios”, sostuvo Juliá.
Una postura contraria a la de la FACC había manifestado el empresario pilarense Eduardo Gutiérrez, titular del Grupo Farallón y vicepresidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU). “Que haya una ley más moderna de ordenamiento del suelo que evite villas, me parece que desde lo social es bueno. Desde el punto de vista privado, si me ordenan el suelo, me ayudan a tener un hábitat mejor. Esto es una ley que hay que terminar de hablarla. Dentro de esto, negociar un 10% de tierra para que dentro del distrito se pueda erradicar un asentamiento o villa de emergencia me parece bien”, consideró el desarrollador.
Pero no todos sus colegas opinan lo mismo, debido a que existen otros alineados con la postura de la FACC manifestada por Juliá. En ese sentido, el desarrollador de Nordelta de Tigre, Eduardo Costantini, se comunicó por estas horas con el gobierno provincial para manifestar su inquietud ante la difusión del proyecto.
“Vamos a dialogar, vamos a dar nuestro punto de vista al gobierno”, dijo el empresario, que también desarrolla un multimillonario emprendimiento en Escobar, y que el jueves pasado se reunió con la ministra de Infraestructura bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez para interiorizarse sobre la iniciativa que le causa preocupación.
Confirmación oficial
Justamente ayer, la funcionaria ratificó oficialmente la existencia del proyecto que obligará a countries, clubes de campo, barrios cerrados, cementerios privados y emprendimientos de grandes superficies comerciales (superiores a 5000 metros cuadrados) a ceder un 10% de su superficie neta o su equivalente en dinero para viviendas sociales.
“La cesión -si es ley- sería por supuesto obligatoria. Y ese 10% se puede aportar con tierras, con dinero o con cloacas que nos obligan a cuidar el medio ambiente. Hasta aquí, por la ley 8912, las urbanizaciones ya cedían tierra, pero destinada a espacios públicos y equipamiento. Nosotros pedimos un esfuerzo un poco más grande en procura de tener una mejor ciudad para todos”, manifestó la ministra
El gobierno bonaerense enviaría el proyecto a debate parlamentario a fines de marzo. De ser aprobado, no tendrá carácter retroactivo. Es decir: no alcanzará a los 700 clubes de campo y countries ya existentes, sino a los emprendimientos que se desarrollen una vez aprobada la ley que pretende ordenar el uso del suelo y facilitar el acceso a la tierra a los sectores de menores recursos.
En tanto, Álvarez Rodríguez reconoció que el proyecto de promoción del hábitat popular, difundido por el Instituto de la Vivienda, “tiene algunos puntos escabrosos”.