La SADE es una “casa habitada por fantasmas”, supo decir Borges. Su biógrafo y actual presidente de la institución, Alejandro Vaccaro, manifestó a su vez que “se había convertido en un geriátrico literario”. De hecho tanto uno como el otro tienen razón. Lejos quedó aquella SADE que fuera creada un lejano 8 de noviembre de 1928 e integrada por escritores de la talla de Lugones, Quiroga, Gálvez, Rojas y el mismo Borges, que alguna vez la presidió. Todos ellos construyeron el prestigio que alguna vez alcanzó la entidad, lamentablemente dilapidado por malas administraciones que le sucedieron.
Fuertes deudas, la vieja casa de Lugones embargada, a punto de ser vendida por menos de la mitad su valor nominal, la “entrega” de la Feria del Libro a las grandes editoriales, padrones que no reflejan la verdad y seccionales que no son tales y que solamente usan su nombre para usufructuar el mínimo prestigio histórico que le queda. Esa es la SADE que dio a conocer la Ley de Derechos Colectivos que tanta polémica ha causado. La misma consistiría en cobrar un canon entre mil y dos mil pesos fijos y mensuales a las emisoras radiales, televisivas o digitales que reproduzcan fragmentos de obras editadas. El dinero recaudado, según su presidente, se distribuirá entre los afiliados, se pagarán obras sociales y tratamientos médicos y se cubrirán gastos administrativos.
Para muchos la SADE quiere salir de la inacción y la bancarrota pretendiendo inventar un “derecho de autor de la SADE”, lucrando con la obra de los autores asociados o no a ella. La cuestión es que existen otras entidades que representan a escritores, nacidas ante la inobjetable defección de la entidad de la calle Uruguay, entre ellas la SEA que en el breve tiempo que va desde su creación a la fecha puede mostrar logros como la Ley de Reconocimiento a la Actividad Literaria (RAL), en la C.A.B.A, que es un subsidio vitalicio para aquellos escritores mayores de 60 años que no poseen un ingreso permanente o lo tienen muy magro, la edición de una antología titulada “Palabra viva”, recopilación de textos de 116 escritores desaparecidos ( acordémonos del vergonzante papel de Ratti ex presidente de SADE en su almuerzo con Videla) y otras actividades que hacen a la defensa colectiva del escritor, donde SADE siempre estuvo ausente.
De progresar la autoritaria propuesta de Vaccaro se dejaría de leer en los medios a autores nacionales, fundamentalmente emergentes, quitando a éstos su posibilidad de ser conocidos, se tendría que pagar el dichoso canon en cualquier reunión o café literario que se los leyera, inclusive si lo hiciese el autor. Es más, esta columna y tantas otras desde donde se intenta hacer conocer o recordar autores nacionales y/o extranjeros, herramienta que busca incentivar, propulsar la literatura, tendría que llamarse a callar.
Es cierto que falta un reconocimiento al escritor, tanto como la necesidad de leyes que los proteja, urge la Ley del Libro y otras tan necesarias, pero creo que esto se merecería un profundo debate, aunque la SEA y los que no estamos asociados a ninguna entidad ocupemos “espacios distintos”, según Vaccaro.
