Aborto: un debate más racional

La discusión sobre la legalización del aborto es consecuencia de una mayor politización de la sociedad y una mayor conciencia feminista, en términos de los derechos de las mujeres, que atraviesa el arco político y que vuelve a este debate más científico, más racional y menos apasionado.
Cuando lo que se discute son prejuicios, mitos o posiciones morales de extremos, es muy difícil de acordar cuáles son las mejores soluciones a las demandas que plantea la sociedad.
En estos momentos donde la información que circula es mucho más accesible y hay una mayor concientización, a partir de los movimientos feministas de las distintas capas de la sociedad, nos permite dar un debate en otro nivel.
Esto es, sin dudas, el corolario de muchos otros avances que se han dado en los últimos años como el matrimonio igualitario, la educación sexual integral, de la ley de identidad de género, debates que han permitido que estemos en esta instancia de discusión y que nos debemos como sociedad desde hace muchísimos años.
En la Provincia de Buenos Aires estamos discutiendo muy profundamente, la necesidad que exista un protocolo para el acceso al aborto no punible. En Argentina el aborto está regulado por el Código Penal y está permitido para las mujeres en dos situaciones que son muy importantes: En caso de violación o que corra riesgo la vida de la gestante.
En estas situaciones, se puede recurrir al hospital público y el hospital debe realizar la práctica sin ningún tipo de intervención de otras instituciones, no hace falta una denuncia penal, solamente una declaración jurada.
Pese a que este derecho está reconocido desde 1921, no logramos que se lleve adelante con la fluidez necesaria en el sistema de salud de la provincia. Aquí se interponen muchísimas creencias, tanto de los médicos, en forma de objeción de conciencia, como de los funcionarios a cargo de las áreas, que desgraciadamente en este último tiempo, han ido hacia atrás en muchas políticas públicas vinculadas a la salud y la educación de las mujeres. 
Judicializar un derecho y estar hablando de si, por ejemplo, un centro de salud puede ser objetor de conciencia (objeción de conciencia institucionalizada), porque la dirección del centro ha decidido no realizar la práctica porque sus profesionales no están dispuestos a hacerla, es gravísimo para la vida de las mujeres, porque nos obliga a judicializar el caso, si es por riesgo de vida, es agravar las condiciones de salud y en casos de violación, es prolongar y revivir el abuso en el tiempo.
La educación también debe ser para los profesionales de la salud, que muchas veces han tenido situaciones de privilegio en su vida, con una carrera universitaria y que puedan garantizar o negar un derecho, puedan generar la empatía necesaria para ponerse en los zapatos de quien ha llegado vulnerabilizada por el sistema de diferentes maneras, ya sea víctima de violación o que necesita de una intervención de salud pública para cuidar su vida.
Ninguna creencia puede estar por encima del juramento profesional.
Es momento dar las respuestas que nos están pidiendo. Ojalá estemos a la altura.

*Diputada Provincial Bloque Unidad Ciudadana FPV-PJ.