La Cámara de Diputados provincial modificó la Ley N° 11.868, que establece los procedimientos para la selección de jueces y juezas bonaerenses, como parte del “paquete de la reforma judicial”. Pero veamos qué hay detrás de este título grandilocuente.
El “Think Tank” de Cambiemos nos tiene acostumbrados a sus estrategias de marketing político basada en la formulación de noticias que parten de un diagnóstico imaginario y que proponen soluciones que serán títulos de diario, pero jamás se harán realidad porque son impracticables o porque nunca se destinarán los fondos. Podemos verlo con los 2.000 jardines que supuestamente se construirían con “la plata del Fútbol para Todos” o con el famoso eslogan “pobreza cero”.
De la misma forma se ha instalado, a través del discurso de la gobernadora, su ministro de Justicia y el Procurador, que el mayor problema de los bonaerenses es “el narcotráfico” y que los magistrados y magistradas resultan cómplices necesarios de la “corrupción estructural” y, por lo tanto, es necesario encarar una “reforma judicial” profunda.
Esta supuesta reforma ha resultado un conjunto de normas inconexas, que no tienen nada que ver una con la otra, sobre la cual no se ha hecho ningún estudio para saber cómo va a afectar a los cuando se apliquen de manera descoordinada, poco pensada y poco planificada.
La reforma de la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura es parte de ese paquete, y como tal resulta un Caballo de Troya, enunciando intenciones encomiables, pero derivando en la afectación de los principios mismos de la selección de los magistrados y magistradas de la Provincia: la transparencia del procedimiento y la idoneidad de los seleccionados.
El proyecto empieza con una idea que es buena: la Escuela Judicial.
La constitución de la Provincia fue dictada en el año 1994 incorporando al Consejo como aquel órgano extrapoder que tiene a su cargo la función de seleccionar los magistrados y magistradas que compondrán el Poder Judicial provincial. El procedimiento funciona a grandes rasgos a partir de la inscripción de los candidatos, que se someterán a una evaluación técnica por parte de académicos con trayectoria reconocida en cada una de las especialidades y luego a una entrevista psicológica y otra personal que permiten a los consejeros conocer la idoneidad de quienes se postulan para cubrir cada uno de los cargos. A partir de ese procedimiento se elabora un listado con las personas que cumplen todos esos requisitos y el Consejo produce una terna que se eleva al Ejecutivo para que designe, con acuerdo del Senado, a quien ocupará la vacante.
La Gobernadora se ha encargado de defenestrar la “influencia” que “la política” tiene en la selección de los magistrados olvidando que en nuestro diseño constitucional es el bloque oficialista el que maneja la mayor parte de los asientos en el Consejo. Más fácil sería reconocer esta situación y proponer otra composición donde el Poder Ejecutivo tenga menor injerencia en los nombramientos.
También se dice que “los jueces y las juezas de la provincia están mal formados”. Puede resultar verdadera o falsa dependiendo de los parámetros que se utilice para medir la formación y que desconoce una realidad. El Consejo de la Magistratura bonaerense, tiene un presupuesto actual de $55 millones (contra, por ejemplo, los $1.900 millones que gasta el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires).
De esos 55 millones, 6 se destinarán para la escuela judicial. Una institución del Consejo que goza de enorme prestigio pero que, con ese presupuesto, sólo puede encargarse de la formación de aquellos postulantes que voluntariamente se anoten y tengan, por lo menos, un examen aprobado.
Como Vidal no piensa invertir el dinero necesario, lo que proponen es generar “convenios” de la Escuela Judicial “con instituciones públicas o privadas” ¿La Escuela Judicial va a ser un terciario privado? Eso es totalmente inaceptable y esconde la verdadera motivación: privatizar la selección de los jueces y juezas y que el que paga se pueda recibir.
Para prestar un servicio de justicia acorde a las necesidades del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, es necesario adecuar el presupuesto. Pero también es necesario cerrar la paritaria de los trabajadores y trabajadoras judiciales de la provincia que hace 3 años vienen perdiendo capacidad salarial debido a la política económica del Gobierno Nacional.
La ley que aprobamos también modifica la forma en que se llama a concurso, estableciendo una especie “concurso bolsa”, con dos llamados al año para cada cargo que luego serán distribuidos por regiones. Ningún funcionario provincial supo decirnos cómo este sistema se llevará a la práctica.
Además, se propone la selección según un “orden de mérito”, que mucho tememos terminará siendo como lo es a nivel Federal, un sistema poco transparente, que termina privilegiando a la corporación judicial y relegando a los abogados de la matrícula de poder acceder a las magistraturas.
